Condenaron a 7 ex ministros por malversación de fondos públicos en la era Saiz

Las penas más duras fueron para César Barbeito y Francisco González, quienes podrían ir a prisión. La investigación probó que cobraban sobresueldos a través de un decreto.

La Justicia rionegrina condenó este viernes a los ex ministros del radicalismo, César Barbeito y Francisco González, a la pena de 3 años y medio de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, por el delito de peculado. Si confirman la pena, deberán ir a la cárcel. En la misma audiencia, absolvieron a otros dos acusados, Sergio Alberto Pendas y Aníbal Hernández.

La Sala B de la Cámara en lo Criminal de Viedma, integrada por los jueces Gustavo Guerra Lavayén, Marcelo Valverde e Ignacio Gandolfi, condenó hoy a siete ex ministros de la gestión del ex gobernador Miguel Saiz.

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Barbeito y González fueron quienes recibieron las penas más altas, y podría ser de cumplimiento efectiva si se confirma la condena.

También condenaron a los ex funcionarios Cristina Liliana Uría, Juan Manuel Accatino, Alfredo Daniel Pega, Diego Rodolfo Larreguy, José Omar Contreras y José Eugenio Ongaro (tesorero) a la pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta y perpetua, por ser partícipes necesarios del delito de peculado.

Por su parte, a Gustavo Picchi (contador) se le impuso una multa y la inhabilitación por seis meses para ejercer cargos públicos por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Barbeito fue el candidato a gobernador de la UCR en 2011.
Barbeito fue el candidato a gobernador de la UCR en 2011.
Barbeito fue el candidato a gobernador de la UCR en 2011.

Finalmente, absolvió a Sergio Alberto Pendas y Aníbal Hernández, quienes también habían sido acusados de peculado.

La causa investigó el pago de adicionales durante los mandatos del gobernador Miguel Saiz a través de un decreto por el cual determinados funcionarios retiraban de una entidad bancaria dinero que luego distribuían entre funcionarios y agentes.

Para los magistrados, “ha quedado plenamente acreditado el mecanismo mediante el cual, entre los años 2004 y 2010, se instrumentó el pago de un adicional o sobresueldo para las autoridades superiores de la Administración Pública Provincial”.

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