Conflicto entre CABA-Nación: Larreta no irá a la reunión

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anticipó en una carta su decisión de no asistir a la reunión convocada por el Ejecutivo nacional para tratar el traspaso de la policía a la Capital, al señalar que planteó ante la Corte Suprema “la inconstitucionalidad” de la norma sancionada por el Congreso que estableció las condiciones para dicho traspaso.

La nota afirma que “ante todo, quiero expresar que nos vemos impedidos de concurrir a la reunión propuesta (...). Hemos planteado judicialmente la inconstitucionalidad de la misma”.

El texto, dirigido a los ministros de Interior, Eduardo de Pedro, y de Economía, Martín Guzmán, señala que “desde el primer momento, la Ciudad de Buenos Aires ha impulsado el diálogo y la concertación como mecanismos para lograr consensos. Pero consideramos que precisamente en este caso los acuerdos preexistentes fueron dejados de lado de forma unilateral y por lo tanto esta Ley quebranta las bases del federalismo de concertación que pretende promover”.

“Nos vemos obligados a no convalidar con nuestra presencia la ejecución de una ley que, como hemos planteado, es inconstitucional y daña a las instituciones democráticas”. Horacio Rodríguez Larreta. Jefe de gobierno de Buenos Aires

Y agrega que “la Ley viola manifiestamente la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires ya que la firma del convenio de traspaso de la Policía Federal llevada a cabo en 2016 era suficiente para consolidar la transferencia de facultades y funciones de seguridad sin necesidad de una norma adicional”

Para Larreta “consagra una violación a la división de poderes, a la seguridad jurídica, a la estabilidad de los actos de gobierno, a la buena fe que debe regir las relaciones entre distintos niveles de gobierno y a la confianza legítima; y como consecuencia, se pretende poner de rodillas a la autonomía de la Ciudad”. Y afirma que “para enmascarar esta intención, a través de un ilusorio convenio posterior, se intenta legitimar esta Ley dentro de las exigencias de la Constitución Nacional, que establece como necesario el acuerdo previo de la Ciudad como afectada. Pero esto es una ficción jurídica que pretende ocultar el verdadero propósito de violar la autonomía”.

El líder opositor insistió en que “la Ley parte de una premisa errónea que distorsiona cualquier cálculo posible, porque establece que se debe tomar como base de cálculo los componentes efectivos en el año 2016, cuando el convenio firmado ese año aclaraba que se trataba de un período de transición y que recién en 2017 se consolidaría la transferencia”.