Cordera pidió dar cursos sobre violencia de género

El músico quiere evitar ser llevado a juicio por sus terribles dichos.

Buenos Aires (Télam) El músico Gustavo Cordera ofreció dar “cursos o charlas en alguna institución privada sobre igualdad de género” y realizar dos recitales a beneficio, con el objetivo de obtener una probation y así evitar que se eleve a juicio la causa en su contra por incitación a la violencia colectiva. Esta se originó a raíz de una serie de comentarios del cantante durante una charla con estudiantes de la academia de periodismo TEA Arte. Sin embargo, los querellantes rechazaron la propuesta y el juez deberá decidir en diez días si acepta darle ese beneficio.

“Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, ser violadas, porque psicológicamente lo necesitan y porque tienen culpa y no quieren tener sexo libremente. Quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente a la que sí. Somos muy complejos los seres humanos”, había expresado Cordera en la charla celebrada en agosto de 2016.

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10 Son los días hábiles en los que el tribunal deberá decidir si acepta darle una probation.

En tanto, los querellantes en el episodio, el Inadi y la asociación civil Red Viva, de asistencia a las víctimas de violencia y abuso sexual, se opusieron a que se suspenda el juicio, por entender que no se reparará el daño que hizo el artista al ventilar en público la violencia contra las mujeres y que su arrepentimiento no está probado. “Los cambios se tienen que dar en forma sentida y no mediática y por eso nos oponemos a la suspensión del juicio a prueba”, señaló la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez.

Por otro lado, a la hora de explicar por qué rechazaban las propuestas del cantante de brindar charlas sobre violencia de género como reparación del daño causado, Juan Kassargian, del equipo de Jurídicos de Inadi, destacó: “Entendemos que Cordera está en tiempo de aprender, más que de enseñar”.

En cuanto al plazo de suspensión del juicio, la defensa de Cordera propuso un año, un tiempo que para la fiscalía debería alargarse a un año y medio, tras el cual se verificará, en caso de aprobarse la suspensión, si el imputado cumplió o no con los compromisos acordados ante el tribunal.

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