Defensores del Pueblo piden al Gobierno que revea el tarifazo

Solicitaron que se revisen los aumentos en los servicios de luz, agua y gas para que no se vea afectado el desarrollo de una vida digna.

Los defensores del pueblo del país, nucleados en Adpra, pidieron al gobierno “una profunda revisión de los cuadros tarifarios aplicados” de los servicios de luz, agua y gas. Además exigieron una audiencia pública para que los aumentos se apliquen de forma gradual y no afecten el desarrollo de una vida digna.

Los representantes se reunieron el 22 de junio con el ministro de Energía de Nación, Juan José Aranguren. En la ocasión, veinte integrantes de Adpra solicitaron ampliar los requisitos para el acceso a la tarifa social en cada uno de los servicios públicos, con criterios de admisión flexibles que permita la inclusión de aquellos que lo necesitan.

A la vez, reclamaron la aplicación de mecanismos ágiles, eficientes y accesibles de las empresas prestatarias y los entes reguladores, para facilitar las peticiones de los usuarios que quieren acceder al beneficio de la tarifa social.

Los defensores pidieron al ministro que se contemplen medidas alternativas para evitar el corte del suministro de los servicios de aquellos usuarios que no pueden afrontar los incrementos tarifarios.

También solicitaron aplicar en forma urgente el régimen tarifario específico para las entidades de bien público, previsto en la ley 27.218, para que las entidades comprendidas puedan acceder a dicho beneficio y la adopción de medidas urgentes para evitar el corte o interrupción del suministro de los servicios públicos.

"El Estado está obligado a brindar para atender necesidades sociales básicas y elementales, ya sea por empresas públicas o mediante concesionarias privadas controladas por organismos estatales”, aseguraron.

Agrega que bajo cualquier modalidad, la prestación de estos servicios públicos esenciales procura la satisfacción de derechos estrechamente vinculados con la realización de los derechos humanos: alimentación, salud, eliminación de la pobreza y el desarrollo de una vida digna. En ese sentido, señalan que las tarifas de estos servicios deben ser justas y razonables, tal como lo disponen las leyes respectivas y la jurisprudencia en la materia.

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