Denuncian maltrato y discriminación en medio de la cuarentena

Alejandro y Sebastián están juntos desde hace 15 años. Fueron detenidos cuando iban a comprar comida.

Un cipoleño realizó una denuncia en el INADI contra la Policía Federal de Cipolletti por maltrato y discriminación en un operativo realizado en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por la pandemia de COVID-19 (coronavirus). Aseguró que los agentes lo trataron a él y a su pareja como “delincuentes” y que fueron varios los que los filmaron con sus celulares como si fueran “material de exhibición”.

Alejandro Melo, uno de los damnificados, explicó en diálogo con LMC que todo ocurrió el jueves 26 de marzo cuando se dirigía a comprar alimentos a la planta de Pollolín -ubicada sobre calle San Luis- junto a su pareja, Sebastián, quien trabaja para la empresa desde hace 14 años. El objetivo era abastecerse para los próximos días de cuarentena.

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“Salimos los dos en nuestro pequeño auto porque mi pareja no sabe manejar, pero era él quien debía presentarse para comprar los pollos porque él es empleado de la empresa. Emprendimos camino a eso de las 17, porque sabíamos que teníamos tiempo hasta las 19 para regresar a nuestra casa. Sebastián llevó consigo su DNI y certificado donde dice que trabaja para la firma y yo, mi DNI, carnet de conducir, tarjeta verde y seguro, todo al día”, detalló.

La pareja condujo por calle Primeros Pobladores hasta Circunvalación rumbo a la planta, pero al llegar a calle La Esmeralda los detuvo la Policía Federal, que realizaba un control.

“Entregamos todos los papeles que nos pidieron e intentamos explicarles que íbamos los dos porque Sebastián no sabe manejar y sólo a él le vendían la mercadería en la planta por ser empleado, además de que planeábamos traer bastante como para poder tener alimentos al menos por 15 días más. No sólo no nos dejaron terminar de hablar, sino que también nos cuestionaron todo lo que dijimos”, agregó Alejandro.

Sin embargo, la situación pareció empeorar cuando le dijeron a los uniformados que eran pareja y estaban viviendo en concubinato. “Fue peor, porque nos trataron como si fuéramos delincuentes. Nos hicieron bajar del auto, nos separaron y nos dijeron que no podíamos usar nuestros celulares. Nos preguntaron muchas veces lo mismo y nos tuvieron de pie al sol y a la vista de todos los que pasaban como si fuéramos material de exhibición”, sentenció.

Algunas horas después, una grúa se llevó su auto modelo 1997 y los uniformados los rodearon para realizar el procedimiento de identificación. “Fuimos como sus payasos, o al menos así nos sentimos. Varios nos sacaron fotos y nos filmaron con sus celulares”, detalló Alejandro, consternado, y agregó que todo ese tiempo que estuvieron en la calle pudieron ver como paraban a otros automovilistas y -simplemente- les pedían que regresaran a sus casas, sin mayores complicaciones.

“Con muchos hubo actos de bondad y solidaridad, pero con nosotros no. Quizá sí estábamos en infracción y era lo correcto, pero también lo era para esos otros automovilistas a los que iban perdonando y dejando seguir. Lo que pasó estuvo mal. No nos escucharon y fueron soberbios. Nos tomaron de manera fuerte de los brazos, nos subieron a la patrulla hasta la dependencia de la Policía Federal, ubicada en calle La Esmeralda. Allí permanecimos por más de tres horas, donde nos preguntaron lo mismo una y otra vez. Ni siquiera estuvimos adentro, sino en el patio delantero, a la vista de todos”, relató.

Alrededor de las 23, los agentes liberaron a Alejandro y su pareja, quienes se dirigieron a su hogar, inundados por la angustia y la preocupación. Cerca de la medianoche, y lejos de que la pesadilla terminara, un patrullero se acercó a la vivienda con luces y sirena para pedirles las llaves del auto. “El vehículo ya estaba –en teoría- en el predio de calle Pacheco, pero me dijeron que tenían que moverlo. Además, tengo el presentimiento de que no vamos a volver a ver nuestro auto”, afirmó el cipoleño.

A su vez, Alejandro reflexionó sobre lo ocurrido y comentó que todo fue antes que finalizara el horario de cierre de los lugares de expendio de alimentos y que su “gran delito” fue salir a comprar alimentos.

“Nos quedamos sin el auto, sin la posibilidad de abastecernos de alimentos, con mal sabor de ser tratados casi como basura y con la intriga de cuántas trabas habrá que pasar para recuperar nuestro vehículo. Para muchos no vale nada, pero para nosotros nuestro pequeño viejo auto es mucho. Tenemos todos los papeles en regla y siempre nos esforzamos para que esté en las mejores condiciones porque es también el vehículo que nos lleva hasta la facultad, ya que Sebastián –además de trabajar en Pollolín- cursa las últimas materias del Profesorado en Educación Primaria en Neuquén. Y yo, que trabajo por cuenta propia, también estudio para el Profesorado de Educación Especial”, agregó.

Por último, el cipoleño indicó que realizar la cuarentena y quedarse en casa es sumamente importante en este momento, pero que también lo es alimentarse.

El Observatorio de Derechos Humanos, alerta por las denuncias

El Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro expresó, a través de una nota, su preocupación frente a “sucesivas denuncias recibidas por situaciones de avasallamiento de derechos perpetradas por fuerzas de seguridad en distintos puntos de la provincia”.

Al respecto, indicaron: “Entendemos que estamos atravesando una situación inédita, como es la pandemia y el aislamiento obligatorio como medida de prevención. Tenemos en claro que se anuncian políticas de acompañamientos para todos los sectores, pero es una realidad que no todos pueden cumplir el mandato de quedarse en casa porque algunos ni siquiera tienen un techo donde cobijarse o no cuentan con el acceso a las condiciones mínimas de cuidado, a pesar de las redes solidarias que se han organizado para contener a los sectores populares”.

A su vez, señalaron que “tampoco es igual el trato de algunos representantes de las fuerzas de seguridad provincial y nacional con las personas que no cumplen la cuarentena, o que se encuentran circulando por las calles”.

“Desde el Observatorio estamos en alerta. No se pueden sumar a este contexto social complejo, situaciones violatorias de derechos a ninguna persona. Recordamos que la línea 134 también puede usarse para denunciar cualquier abuso o violencia institucional, porque las directivas del Ministerio de Seguridad son muy claras, no se admitirá ningún tipo de exceso, pero para ellos también es tarea de todos y todas acompañar para poner el límite a cualquier intento de avasallamiento de derechos humanos”, expresaron

Finalmente, solicitaron a las autoridades nacionales y provinciales que se “arbitren todos los medios para que cada fuerza de seguridad cumpla la función que el corresponde para la atención y el cuidado de la población y se castigue a quienes no cumplen cabalmente su tarea y utilizan las armas en contra del pueblo”.

“Son tiempos delicados, donde es fundamental mantener el equilibrio, no olvidar nunca que vivimos en democracia y nos rigen los principios constitucionales por sobre todas las contingencias”, concluyeron.

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