La incertidumbre sobre la vuelta a las aulas en Neuquén, con razón, va ganando en ansiedad en una población escolar donde el hastío está pasando factura.
Se conocieron, la semana pasada, algunas medidas probables que se evalúan en la provincia para un retome escalonado y gradual de las actividades educativas, teniendo en cuenta las particularidades de cada microrregión en la que se ha dividido a Neuquén.
Las urgencias de niños y adolescentes desatendidos en la pandemia no pueden seguir esperando.
También, la semana pasada, trascendió un duro documento del Foro en defensa de la Ley 2302 respecto del impacto que está teniendo entre los niños y adolescentes el cese forzado de las clases por la pandemia. En ese sentido, el documento advirtió a las autoridades de una serie de dificultades que está ocasionando la desatención por parte del Estado -pero más precisamente del Ministerio de Educación de la provincia- de los derechos de los niños y adolescentes tutelados por la Ley 2302.
El Foro no hizo otra cosa que poner a la luz, una vez más, una información que las autoridades ya conocen referida a la imposibilidad de miles de niños y adolescentes de acceder a contenidos escolares por no tener conectividad, la falta de nombramiento de cargos docentes para hacer efectivo el seguimiento de los aprendizajes en el actual contexto y la imposibilidad de obtener alimentos con los nutrientes adecuados (aspecto que, según denunció el Foro, los módulos alimentarios que se entregan no garantizan), entre otros. La pandemia, entre otras consecuencias, va a dejar a la provincia más golpeada y a vastos sectores de la población más empobrecidos de lo que estaban antes del COVID-19. Pero, sobre todo, a una Neuquén cada vez más desigual.
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