El suicidio de Diego Tolaba asesinó cualquier sensación o idea de justicia. El femicida de Delia Aguado se encontraba detenido en una celda de la Comisaría 18, a la espera de que su sentencia quedara firme, y murió sin pisar una unidad penitenciaria. Todo lo que quedó es un sabor amargo, mezcla de impunidad y desconcierto.
No solo ejerció violencia de género contra Delia durante años y con total impunidad planificó y cometió su femicidio, sino que se suicidó antes de ir a la cárcel y cumplir su condena a prisión perpetua.
Esa sentencia que el 29 de noviembre evidentemente quiso evitar oír, ya que la audiencia debió ser reprogramada en el transcurso del día, dado que no podían despertarlo porque había consumido pastillas.
Esa sentencia que el jueves pasado quedaba firme en términos legales y que se diluyó ante la noticia de que el femicida había sido hallado muerto en su celda.
“Este suicidio es sinónimo de impunidad y abandono por parte del Estado. Es una situación para nada reparadora, ni para la familia ni para la sociedad”, apuntó Celina Fernández, querellante de la familia.
Fue entre las 5 y las 6, la hora de muerte que fijó el informe preliminar de autopsia bajo la causa de asfixia mecánica por ahorcamiento. Tolaba utilizó los cordones de sus zapatillas y una cuerda de su buzo para suicidarse y, con ello, zafar de lo que por lo menos penalmente le correspondía.
“¿Cómo es posible que el asesino tuviera acceso a esas cosas? Siento mucha indignación, mucha bronca. ¿Y qué pasa con la Policía?”, se preguntó Olga, la hermana de Delia, tras enterarse de lo ocurrido. Preguntas que deberán ser respondidas cuando acabe la investigación que se abrió por el hecho.


