Estafas con planes sociales: los últimos detalles que brindó la Fiscalía
La Justicia ya entrevistó a unos 80 beneficiarios de planes para conocer cómo era la maniobra de defraudación por la que ya hay detenidos.
Tras los allanamientos realizados este miércoles por la Justicia que resultaron en la demora de nueve personas involucradas con la defraudación conocida como estafa con planes sociales, el fiscal jefe Pablo Vignaroli brindó más detalles sobre los avances en la investigación que busca determinar quiénes estaban involucrados en el delito y cuál fue el destino de los fondos desviados.
En una conferencia de prensa en el Ministerio Público Fiscal, el letrado aclaró que durante estos procedimientos se secuestraron también 30 dispositivos electrónicos, como computadoras y celulares, y en un domicilio se hallaron también cinco tarjetas de débito que no pertenecían a los habitantes de la vivienda y que tenían pegado un sticker con un número, presuntamente la clave para operar en el cajero automático. Por otra parte, detalló que no se pudieron secuestrar los vehículos vinculados a este delito, pero sí se emitió la orden de secuestro para capturarlos en el momento en que los encuentren circulando.
Aclaró que las personas demoradas fueron trasladadas a la comisaría y van a recuperar la libertad después de ser identificadas. Fueron detenidas porque ingresaron ellos a hacer extracciones o porque están vinculados al otorgamiento de los planes sociales. El fiscal confirmó que uno de los demorados es Ricardo Soiza, director de Planes Sociales de la provincia de Neuquén.
Según detalló, la defraudación tiene entre sus damnificados a 193 beneficiarios que cobraban planes provinciales de ayuda familiar, apoyo a desocupados o ayudas transitorias para las personas en situación social vulnerable. Para aprobar estos planes bastaba con la firma de Soiza, sin intervención del ministro de Desarrollo Social.
"Llevamos entrevistadas a 80 personas que en su mayoría determinan la mecánica: ellos eran beneficiados con un plan social, iban al banco, retiraban la tarjeta y la tenían que entregar a un referente, ese no era el que se encargaba de retirar el dinero sino que pasaba a otra línea y luego les entregaban una suma de dinero que oscilaba entre 4 mil y 8 mil pesos", dijo Vignaroli sobre la maniobra fraudulenta.
Aunque aún no pudieron entrevistar a todos los estafados, aclararon que los casos son semejantes aunque difieren en la cantidad de dinero que recibían y la periodicidad de los pagos. Algunos recibían aportes de manera mensual y otros los recibían de forma salteada. Todavía no se sabe si estos beneficiarios de planes cumplían los requisitos para cobrar este tipo de programas sociales del Estado o si los responsables del delito entregaban planes a discreción para quedarse con el dinero.
"Lo que estamos viendo y yendo a una de las calificaciones legales que estamos avanzando es la defraudación con dos damnificados, el primer damnificado es el beneficiario que lo utilizan para obtener el plan social y el segundo es el Estado provincial porque el dinero que debía estar destinado en totalidad a otra persona iba con otros fines", dijo el fiscal y agregó que aún no se pudo determinar cuál fue el destino de los fondos para saber si los delincuentes lo plantearon como un "negocio personal" o si el destino del dinero respondía a otros fines.
En la conferencia, Vignaroli aclaró que el MPF cuenta con la tecnología necesaria para recuperar archivos borrados de los dispositivos móviles, por lo que podrían encontrar pistas en estos equipos para conocer quiénes estaban detrás de la maniobra y a dónde se destinaba el dinero.
"Lo que facilita parte de esta maniobra es que la Dirección de Planes Sociales, cuando otorga el plan social, tiene la facultad de habilitar cuenta en el BPN sin que el beneficiario tenga necesidad de ir al banco a hacer la apertura de su cuenta, pero sí debe ir al banco a retirar la tarjeta", explicó.
Por otra parte, detalló que la Justicia neuquina investiga estos casos particulares, por un monto total de 120 millones de pesos ya que esos fueron los datos proporcionados por el BPN. Sin embargo, aclaró que cotejan los datos con información de los años 2021 y 2020 para saber si existieron delitos similares en el pasado.
Investigan una estafa paralela
Vignaroli aclaró que el Ministerio Público Fiscal también trabaja en la investigación de otro fraude que involucra a empleados del BPN, con una maniobra diferente para recaudar dinero. Según detalló, los implicados emitían tarjetas de débito de cuentas del banco para extraer el dinero o transferían sumas a cuentas creadas para retirar los saldos.
Por ahora, señaló que no encontraron ninguna vinculación entre ambas maniobras, no por la metodología ni por las personas involucradas. Sin embargo, investigan si parte de ese dinero recibido provenía de algún organismo provincial para saber si existe algún nexo entre ambos hechos.
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