La Justicia neuquina desestimó una denuncia que había realizado un grupo “antivacunas” contra el plan de vacunación por el coronavirus, ya que consideró que la documentación presentada “carecía de aval científico” y que la denuncia fue “algo genérico, sin un solo hecho en concreto”.
En la mañana del martes, un grupo de personas “antivacunas” se manifestó en la puerta de la ciudad judicial para esperar la resolución que diera respuesta a su denuncia.
La fiscal del caso, Valeria Panozzo, había requerido a un juez de garantías que confirme la decisión que tomó de no investigar a autoridades del gobierno nacional, provincial y distintas personas que participan del plan de vacunación contra el coronavirus.
En la audiencia Panozzo planteó entre otros aspectos, que “los tres delitos que detallaron las personas denunciantes no fueron desarrollados de manera tal que la fiscalía pudiera avanzar en alguno de ellos".
Dijo además que la documentación que aportaron "carecía de aval científico" y que la denuncia "fue algo genérico sin un solo hecho concreto".
Ya en marzo pasado, la fiscal del caso había desestimado la denuncia mediante una resolución, en la que planteó que los hechos descriptos por este grupo de personas que se opone al plan de vacunación contra el COVID-19, “no constituían delito”.
“Si bien la documentación aportada fue extensa, debo decir que analizada en su totalidad, la misma carece de aval científico”, había planteado en la resolución la fiscal respecto al contenido de la denuncia. Con este argumento, entre otros, había dispuesto la desestimación de la presentación en la cual se planteó que el gobierno nacional, provincial y quienes participan en el plan de vacunación contra el COVID-19 habrían incurrido en los delitos de envenenamiento con medicinas, violación de los deberes de funcionario público y ejercicio ilegal de la medicina.
Tras aquella resolución de Panozzo, fue que las personas denunciantes pidieron que la decisión sea revisada por un juez de garantías. Fue el juez de Garantías, Lucas Yancarelli quien ayer respaldó la decisión de la fiscal.
Entre otros argumentos, el magistrado planteó que la competencia para investigar parte de la denuncia debería ser el ámbito de la Justicia Federal, no la provincial; y que el "Poder Judicial actúa sobre casos concretos y no ante casos genéricos como fue planteado en las personas denunciantes”.
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