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Impuesto a la Riqueza: la AFIP avanza contra los incumplidores

Aunque al mismo tiempo lanzó un nuevo régimen de facilidades de pago. Guzmán detalló a dónde se destinó lo recaudado hasta ahora

Por MCZ

El ministro de Economía, Martín Guzmán, publicó en Twitter esta semana cuántas personas pagaron el Aporte Solidario y Extraordinario, conocido como Impuesto a la Riqueza.

"Valoramos el aporte que sumaron más de 10.000 personas. Ya se recaudaron más de $145.000 millones que están siendo distribuidos de manera inmediata a los destinos específicos establecidos por ley para hacer frente a las urgencias sanitarias y económicas generadas por la pandemia", aseguró.

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Según detalló, se asignaron $29.000 millones al Ministerio de Salud para la compra de vacunas, medicamentos, elementos de protección y se prevé la compra de insumos críticos para la prevención y la compra y fabricación de equipamiento médico.

Además, se destinó el mismo monto para Educación para reforzar el plan Progresar, que otorga a los estudiantes con un incentivo económico en todos los niveles para avanzar en sus estudios.

"La secretaría de Energía recibió $36.000 millones para programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural a través de Integración Energética Argentina S.A, una firma que junto a YPF viabilizará las distintas modalidades de ejecución de los proyectos", añadió.

También agregó que otros $22.000 millones fueron para el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) para mejorar la salud y las condiciones de vida de los habitantes de barrios populares. Por otra parte, el Ministerio de Trabajo recibió $29.000 millones para seguir sosteniendo el empleo y las remuneraciones de los trabajadores de las pymes. "Hoy el Repro II sigue acompañando a los sectores más afectados", destacó.

https://twitter.com/Martin_M_Guzman/status/1399456074386792449

Avanzan las ejecuciones

Más allá de las palabras alentadoras de Guzmán, la AFIP avanza con las ejecuciones y embargos a quienes no pagaron el impuesto, aunque al mismo tiempo lanzó un nuevo régimen de facilidades de pago.

El organismo detalló que “habilitará la posibilidad de realizar ejecuciones fiscales y solicitar medidas como la traba de embargos bancarios o la inhibición de bienes contra esos contribuyentes".

Por su parte, una resolución estableció que se suspendió hasta el 31 de mayo la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares para las pymes inscriptas en el Registro de Empresas MiPyMES o que desarrollen como actividad principal alguna de las más afectadas por la pandemia.

La suspensión de la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares "no será de aplicación respecto de los montos reclamados correspondientes al aporte solidario y extraordinario".

En paralelo, la AFIP extendió también el plan de pagos hasta el 30 de septiembre. "La cancelación de dichos montos con arreglo a esta modalidad no implica reducción alguna de los intereses resarcitorios, como así tampoco la liberación de las sanciones que resulten pertinentes", aclaró.

Los contribuyentes "podrán presentar un plan de facilidades de pago por las multas que se apliquen por ilícitos formales y materiales” vinculados al impuesto y deberán “desistir de las acciones, reclamos o recursos en trámite".

Entre las condiciones, el plan de pagos incluye un pago a cuenta equivalente al 30% de la deuda, la cantidad máxima de cuotas será de dos, la tasa de financiación será la tasa de interés resarcitorio, y las cuotas se calcularán aplicando las fórmulas que se consignan en el micrositio "Mis facilidades" (http://www.afip.gob.ar/misfacilidades).

Fallos a favor de contribuyentes

Mientras la AFIP avanza con estos procesos, la Justicia volvió a fallar en favor de un contribuyente que no pagó el impuesto a la riqueza. Es una medida cautelar que benefició a una empresaria marplatense, que para el juez debería usar parte de su capital para abonar y que además consideró que la alícuota es mayor por la existencia de Bienes Personales, que grava el mismo patrimonio.

La medida determina que la AFIP debe abstenerse “hasta tanto se resuelva la presente acción en forma definitiva, de iniciar fiscalizaciones impositivas, ó dictar cualquier otro acto ó resolución por el que se pretenda hacer exigible el cumplimiento de obligaciones formales o materiales, ya sea presentación de declaraciones juradas, pago del tributo, determinación de oficio, cumplir con régimen informativo y/o sancionar a través de multas y/o cualquier otro tipo de medidas administrativas que configuren sanciones impropias”.

Para la Justicia, la demandante acreditó mediante certificación contable que “pagar el impuesto le consumiría el 100% de su rentabilidad de 2020 y además debe utilizar el capital”. Y agregó que “si se analiza el Impuesto sobre los Bienes Personales que grava la misma capacidad contributiva, la alícuota efectiva (aporte solidario) sobre la renta de 2020 es mayor”.

Otros jueces ya otorgaron medidas cautelares similares, en diversas jurisdicciones. Por ejemplo, la justicia federal de Córdoba le concedió un fallo a favor a un contribuyente que debía pagar el impuesto al considerar que para hacerlo debía liquidar “parte de su patrimonio” y le provocaría un “perjuicio grave”.

Para varios contadores, la AFIP solo puede concretar algunas ejecuciones y embargos en forma limitada. Según señalaron, los embargos y ejecuciones solo pueden concretarse en el caso de las personas que presentaron la declaración jurada y no pagaron, mientras que con el resto no se podría avanzar hasta que no haya una determinación de oficio. El único caso en que la AFIP podría avanzar, aseguran, es si el contribuyente presentó la declaración jurada y no pagó, pero sería una minoría.

Los especialistas sostienen que, por la cantidad de contribuyentes que piensan ir a la Justicia, la AFIP está tratando de lograr el cumplimiento voluntario a través de la amenaza de sanciones para evitarse el trabajo de la inspección. Y afirman que quienes discuten por vía administrativa y judicial tienen asegurado el efecto suspensivo hasta que eventualmente ocurra una sentencia adversa del Tribunal Fiscal.

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