La CIDH condenó al país por violar los derechos de cuatro presos neuquinos

Por Guillermo Elía - policiales@lmneuquen.com.ar

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró responsable al Estado argentino por la violación de los derechos esenciales de cuatro internos condenados por la Justicia neuquina. Ahora, deberá pagar una indemnización de 10 mil dólares a cada detenido y a sus familiares.

Son los casos de Néstor López, Hugo Blanco, José Muñoz Zabala y Miguel Ángel González, quienes tras ser condenados cumplieron sus penas en el ámbito del Servicio Penitenciario Nacional y fueron alejados de sus familiares pese a que la legislación lo impide.

Sus abogados defensores, Fernando Diez y Gustavo Vitale, llevaron el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1998.

En 2011 se expidió la Comisión y el caso desembarcó en la Corte Interamericana. El juicio se realizó en marzo de este año y ahora se dio a conocer el fallo que condena al Estado argentino, que en todas las instancias negó sistemáticamente violar los derechos de los cuatro detenidos.

Afectación de las familias

Las cuatro víctimas del caso, tras ser condenadas por la Justicia neuquina, mediante un convenio, fueron derivadas a la cárcel federal U9. De allí, las trasladaron a modo de castigo a otras unidades federales alejadas a 800 y 2000 kilómetros de sus familiares, abogados y jueces de ejecución de la pena.

“Estamos hablando de gente pobre que no podía pagar un pasaje para ir a visitar al preso. En algunos casos ni siquiera pudieron volver cuando se les murió un familiar”, contó Gustavo Vitale.

La CIDH ratificó que la pena debe tener como objetivo principal la readaptación o reintegración del interno y, en ese marco, el contacto con la familia y el mundo exterior es fundamental en la rehabilitación social de personas privadas de la libertad. Todo esto fue incumplido por el Estado.

“Los continuos traslados produjeron afectaciones al bienestar físico y psicológico de las personas privadas de libertad, con efectos en sus familiares, y obstaculizaron el contacto con sus abogados defensores”, informó la CIDH en un comunicado.

En el fallo, la Corte concluyó que Argentina es responsable de la violación de los derechos a la integridad personal, a la prohibición de que la pena trascienda de la persona del delincuente, a no sufrir injerencia arbitraria a la vida privada y de su familia, y al derecho a la familia. Además, violó el derecho a ser asistido por un defensor.

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Los internos

Néstor López cumplió dos condenadas dentro del servicio penitenciario federal entre abril de 1991 y diciembre de 2007. De la U9 de Neuquén lo trasladaron a la cárcel de Rawson y luego a la de Resistencia, siempre a más de 800 kilómetros mínimo de su familia.

Miguel Ángel González también cumplió dos condenas entre marzo de 1993 y noviembre de 2006. En su paso por el sistema penitenciario federal lo derivaron en varias ocasiones por distintas unidades penal Rawson, Chaco, Ezeiza, Marcos Paz y General Roca además de la U9 de Neuquén.

José Heriberto Muñoz tuvo varios ingresos al servicio penitenciario a partir abril de 1987 hasta que en octubre de 2011 volvió a depender de una cárcel neuquina, la U11. Pasó por el penal de Roca, Rawson, Bahía Blanca, Chaco y Ezeiza. Tiene un importante historial de tentativas de fuga.

Hugo Alberto Blanco estuvo en el sistema federal entre septiembre de 2002 y julio de 2007 cuando volvió a estar tras las rejas de una comisaría neuquina ya que en la U11 había denunciado golpizas y malos tratos. El resto del tiempo estuvo en la cárcel federal de Rawson con traslados cada tanto para ver a su familia.

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