La Fiscalía platense pidió suspender los aumentos con topes del 400 y 500 por ciento en tarifas de gas

Fue solicitado por la Fiscalía de La Plata tras la presentación de un organismo contra las resoluciones nacionales.

La fiscal federal de La Plata Ana Miriam Russo pidió hoy suspender las resoluciones del Gobierno Nacional que fijaron topes de 400 y 500 por ciento de aumento en la tarifa de gas.

Fuentes judiciales informaron que así lo dictaminó la fiscalía ante una nueva medida cautelar interpuesta por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad contra las resoluciones 99 y 129/2016 del Ministerio de Energía y Minería, que tras la suspensión dictada por la Cámara Federal fijó esos topes en las tarifas.

"Si son nulas las resoluciones precedentes por ausencia de realización de audiencias públicas, esa invalidez se extiende inexorablemente a las disposiciones subsiguientes que padecen del mismo vicio", indicó la fiscal.

Se trata de la readecuación hecha por el Gobierno tras el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata que declaró el nulo el primer aumento fijado.

En paralelo, la Cámara Federal de La Plata pidió todas las causas del país por la suba de tarifas de gas, que suman un total de casi medio centenar de expedientes.

El presidente de la Sala de Feria de la Cámara Federal de La Plata, Roberto Lemos Arias, dispuso librar 46 oficios a tribunales de diversas jurisdicciones del país a los fines de pedirles las causas que tramitan ante esos estrados para que se unifiquen todas en ese Tribunal.

La fiscal Russo consideró que el Ministerio de Energía y Minería demandado "no estuvo habilitado para cambiar ese status quo".

"El hecho de que a posteriori del pronunciamiento de la Cámara Federal de Apelaciones del circuito, el Ministerio de Energía haya emitido nuevas resoluciones sobre la misma materia, intentando alterar de tal modo las consecuencias del mencionado fallo, en modo alguno añade elementos que trasunten la pregonada autonomía" sostuvo la fiscal, haciendo lugar a la nueva medida cautelar.

"La alteración del sistema establecido por el pronunciamiento de la Alzada traería aparejada la aplicación de aumentos indiscriminados que aquella sentencia ha vedado, con el consecuente perjuicio para el patrimonio de centenares de miles de habitantes de la Nación", añadió.

El expediente tramita ante el juzgado federal N°4 de esa ciudad, a cargo de Osvaldo Recondo, con competencia civil, comercial y contencioso administrativa.

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