La mayoría de los presos paga sus tratamientos

Lo señaló la jueza de Ejecución de la 1ª Circunscripción, Raquel Gass.

Por carolina diocare - policiales@lmneuquen.com.ar

“La mayoría de las personas en situación de encierro que están con tratamiento psicológico lo están abonando de forma particular”, afirmó a LM Neuquén la jueza de Ejecución Penal de la Primera Circunscripción, Raquel Gass. En una entrevista exclusiva con la magistrada y con la fiscal de la Unidad de Ejecución Penal, Agustina García, ambas funcionarias contaron cuáles son las limitaciones para aplicar la Ley 24660, sobre ejecución penal en Neuquén, los recursos con los cuentan y sus competencias.

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“Acá no se cumple la Ley 24660 en muchas cosas, por ejemplo, el trabajo remunerado dentro de la cárcel, la asistencia psicológica y psiquiátrica, el tratamiento penitenciario en sí. Eso en Neuquén no se cumple y lo hemos señalado muchísimas veces. La ley tal como está estructurada no se cumple acabadamente en Neuquén”, sintetizó Gass.

En este sentido, la jueza señaló que la mayoría de las personas en situación de encierro que están con tratamiento psicológico se están atendiendo en una clínica privada, mientras que otros asisten a las salitas de los barrios Parque Industrial o San Lorenzo.

Sin embargo, la jueza puntualizó que la de Parque Industrial no suele atender a personas que están condenadas por delitos contra la integridad sexual, lo que acota el rango de posibilidades. En tanto que la salita de San Lorenzo, cercana a la U12, sí los recibe.

“Nosotros, en algunos casos que la defensa lo solicita, lo que hacemos es enviarle oficio al Ministerio de Salud para que nos digan la derivación”, apuntó Gass sobre el alcance que tiene como jueza.

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En consonancia con sus dichos, la fiscal detalló que la administración de los recursos es competencia del Poder Ejecutivo y que si este no dispone el presupuesto para poder aplicar los derechos y obligaciones establecidos por la Ley 24660, esto escapa por completo a sus facultades.

“La ley prevé determinadas cuestiones y yo puedo decir si se cumple o no, esa es la función del Poder Judicial”, sostuvo la magistrada, y aclaró: “Lo que no puedo decir es de qué forma distribuiría o redistribuiría los recursos para que se pudiera cumplir la ley, eso ya es resorte del Poder Ejecutivo”.

Al respecto, Gass indicó: “Lo que hago es dar una orden de que tienen que atender a tal persona y tal persona debería ser atendida en el plazo dispuesto. Eso sería lo óptimo. A veces sucede y otras no. Los recursos son escasos, esto es así”.

En tanto que, en situaciones de emergencia psiquiátrica, como manifestaciones suicidas de un interno, la resistencia a ser atendidos en guardias de hospitales públicos se agrava aún más.

“Tenemos una negativa tremenda en las guardias de los hospitales a atender detenidos. No hay predisposición para atenderlos, ni siquiera por guardia, sobre todo guardia psiquiátrica, no tanto médica”, afirmó la magistrada.

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La importancia de la educación y el trabajo remunerado

Otros de los ejes estipulados por la Ley de Ejecución en los que hizo hincapié la jueza de la Primera Circunscripción son la educación y el trabajo remunerado y su impacto en las personas en situación de encierro. En este sentido, Raquel Gass señaló su preocupación, tras indicar que el trabajo remunerado no se lleva a cabo y que tampoco hay actividades educativas concretas durante todo el año.

“El trabajo remunerado en este momento sería una posibilidad para que ellos puedan contribuir a las economías familiares, que bastante falta les hace”, apuntó Gass.

En cuanto a la educación en contexto de encierro, la jueza señaló que a veces los profesionales del Centro Educativo Provincial Integral (CEPI) están de paro y que las actividades empiezan en abril y terminan en noviembre.

“Una persona está detenida todo el año, con lo cual que corten en noviembre y empiecen en abril implica que la persona pasa un montón de meses sin ninguna actividad”, detalló la jueza.

Además, Gass destacó que el estudio les da una herramienta a las personas para que puedan desempeñarse de otra manera cuando salgan en libertad.

“Muchos de ellos, la primera ocasión u oportunidad en que se chocan con el sistema educativo es intramuros. No han tenido antes la posibilidad de haber ido al colegio”, recalcó.

“Aunque sea, que el tiempo que la persona tenga que pasar intramuros que pueda aprovecharlo para tomar esas herramientas, eso sería a lo que el Estado tiene que aspirar. Lo del tratamiento no es menor, pero el trabajo y la educación también están pensados para integrar el tratamiento penitenciario”, concluyó Gass.

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