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Ley Gerez: el TSJ ratificó su constitucionalidad y avaló su aplicación

Un recurso de Impugnación había sido presentado ante el organismo para decretar la inconstitucionalidad de la ley y evitar que un imputado siga bajo preventiva.

A una semana y media de presentado el recurso de impugnación por la Defensa Pública, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén(TSJ) declaró la constitucionalidad de la controversial Ley Gerez y confirmó así la prisión preventiva de Maximiliano Mérgola, acusado por homicidio y detenido desde julio de 2019 a la espera del juicio.

La decisión de los vocales del TSJ se conoció en horas de la mañana de este jueves. El recurso que solicitaba declarar la normativa como "inconstitucional" y así revocar el fallo de un Tribunal que había avalado su aplicación, había sido presentado el lunes 27 de julio por el defensor general Ricardo Cancela, junto a los defensores de Mérgola, Raúl Caferra e Ivana Dal Bianco.

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Cabe recordar que la ley 3234, conocida como Ley Gerez, establece la posibilidad de extender de manera excepcional la medida de prisión preventiva sobre un acusado por delitos graves, más alla del plazo máximo estipulado de 1 año o 18 meses para causas declaradas complejas. Con esta disposición, todas aquellas personas imputadas que no hayan podido acceder a un juicio a raíz de la suspensión por la crisis sanitaria, podrán quedar detenidos hasta por nueve meses más con el objetivo de salvaguardar el proceso, siempre y cuando un juez considere la prórroga aplicable al caso.

El primer acusado en ser sometido al debate de la aplicación de esta ley fue Maximiliano Mérgola, acusado por el crimen de Ernesto Rodríguez en julio de 2019, y cuya cautelar fue extendida por seis meses por un Tribunal Revisor y luego ratificada por un Tribunal de Impugnación.

La resolución del TSJ dada a conocer señaló que “la ley reconoció una situación de extrema gravedad e impacto a nivel mundial, cuya derivación -en lo que aquí interesa- implicó el diferimiento de los juicios orales por razones de prevención sanitaria; pero aun así mantuvo inalterada su aspiración a conservar y reconocer el derecho de todo imputado a que su detención provisional no se prolongue más allá de un límite temporal acotado y específico, fijando para ello un término infranqueable, acorde a esta situación. (…) lejos de existir una contracción del derecho fundamental al juzgamiento y a la detención cautelar conforme al sistema de plazos máximos establecidos por Ley, tal garantía queda inalterada frente al compromiso de establecer un límite preciso e insuperable para estas particularísimas circunstancias”.

Además, la resolución indicó que “el dictado de la ley 3234 no implica un retroceso en el reconocimiento de la titularidad de los derechos de jerarquía constitucional de los imputados, dado que por su carácter de norma excepcional, sus efectos solo limitan el ejercicio de los mismos durante un lapso temporal razonable, sin efectuar discriminaciones arbitrarias, y en los límites estrictamente necesarios para el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino”.

Con esto, el TSJ dio por avalada no sólo la constitucionalidad de la misma sino también su aplicación al caso tratado. Walter Vivas, detenido y acusado por otro crimen de agosto de 2019, también recibió una extensión sobre su cautelar haciendo uso de la misma ley, de la mano del juez de garantías Mauricio Zabala, y posteriormente un Tribunal Revisor.

El devenir del debate por las distintas salas

8/7/20. Un juez le dio domiciliaria. El juez de garantías Gustavo Ravizzoli resolvió declarar inconstitucional la ley y mandó a Mérgola con detención domiciliaria. La fiscalía había pedido preventiva y la defensa, libertad. Los primeros apelaron.

9/7/20. Revisión confirmó la preventiva. Por mayoría, un tribunal de Revisión declaró la constitucionalidad y extendió la cautelar por seis meses. Ahora, la defensa recurrió a Impugnación.

21/7/20. Impugnación ratificó el fallo de Revisión. El 17, las partes expusieron ante un tribunal de Impugnación, que tras un cuarto intermedio, por mayoría confirmó la legalidad y extensión de la preventiva. Así, el 27 la defensa recurrió al TSJ.

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