Ley Gerez: Impugnación pidió tiempo para decidir su aplicabilidad

Una nueva jornada de audiencia marcó otro episodio en el debate por la aplicación de la Ley Gerez a la primera causa cuyo juicio fue postergado por la pandemia. Tras escuchar poco más de dos horas de alegatos de las partes, un Tribunal de Impugnación decidió posponer su decisión respecto de la extensión de la prisión preventiva del acusado de homicidio Maximilano Mérgola.

Dando cierre a la audiencia llevada a cabo este viernes por la mañana, el magistrado Andrés Repetto manifestó que se tomarían "todo el tiempo que sea necesario para deliberar", por estar tratándose la constitucionalidad de una ley. Asimismo, adelantó que la resolución final se dará a conocer dentro del plazo legal de cinco días.

La audiencia de impugnación se llevó a cabo este viernes por la mañana, con la intervención de los jueces Andrés Repetto, Florencia Martini y Gustavo Varessio. Además de la presencia de fiscalía, querella y defensa, se conectaron tanto el acusado desde una sala de Ciudad Judicial, como la familia de Ernesto Rodríguez, la víctima asesinada de un golpe con un bloque de cemento en julio de 2019.

Cabe recordar que la cautelar que pesa sobre el acusado comenzó a ser debatida hace ya más de una semana. Primero, pasó por un juez de garantías, Gustavo Ravizzoli, quien declaró la controversial Ley 3234 como “inconstitucional” y mandó a Mérgola a su casa bajo arresto domiciliario.

Luego, por pedido de la defensa, el fallo fue revisado por un tribunal conformado por los magistrados Lucas Yancarelli, Carolina García y Dardo Bordón. Estos revocaron el fallo dictado anteriormente y resolvieron extender la prisión preventiva del joven por otros seis meses. Finalmente, la defensa decidió impugnar el fallo, para así abrir un nuevo debate ante otro cuerpo colegiado.

Los alegatos de apertura de esta mañana a cargo de la defensa, conformada por Raúl Caferra e Ivana Dal Bianco, nuevamente cargaron contra la “inconstitucionalidad” de la ley y la violación a las garantías para el acusado, considerado inocente hasta que atraviese el juicio que lo demuestre culpable.

Los letrados también señalaron el principio de irretroactividad de la ley penal que, según sostuvieron, debería volver la norma inaplicable dado que el hecho sucedió el año pasado, cuando la ley aún no había sido sancionada. También recordaron que la fecha de inicio del juicio podría haberse fijado tiempo antes, dado que su apertura fue dictada en noviembre de 2019.

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A su turno, el fiscal Agustín García tomó la palabra y refutó los argumentos esgrimidos por los defensores, a la vez que recordó: “Hay que tener en cuenta que estamos en una emergencia sanitaria. Todos nos hemos visto restringidos de libertades”. Además, señaló que por ser un juicio que se suspendió por la pandemia, la aplicación de la ley al caso sería apropiada.

El querellante de la familia Rodríguez, Alejandro Bustamante, acompañó los argumentos y el pedido de la fiscalía de confirmar la extensión de la preventiva para Mérgola, y resaltó: “Esta ley fue votada por legisladores que elegimos todos nosotros. Ergo, no es inconstitucional”.

Los jueces del Tribunal darán a conocer su decisión la próxima semana, en una audiencia a ser agendada por la Oficina Judicial.