Llegó al ajuste a la cárcel y los presos se quejan

Unos 30 internos del penal federal de Roca quieren trabajar más horas.

El ajuste en algunos sectores de la administración pública nacional llegó con mucha fuerza a determinados ámbitos y, por ejemplo, en las cárceles federales parece que afectó sobremanera a los presos. En los últimos días, 30 internos de la Unidad 5 de General Roca impulsaron un habeas corpus en la Justicia donde no sólo se quejan de la abrupta reducción de las horas de trabajo mensuales en los talleres, más de un 50 por ciento, sino que alertaron sobre las “situaciones extremas de miseria y discriminación”.

Los presos tienen un sindicato, pero en el Valle no cuentan con delegados.

La presentación fue elevada en forma inicial al Juzgado Federal de Roca a través de la Procuración Penitenciaria de la Nación pero fue rechazada. En este marco, se insistió ante la Cámara Federal de Apelaciones.

El enojo de los presos se enfocó en la división del trabajo y administrativa del Ente de Cooperación Técnica y Financiera del SPF (Encope), acusándolo de incumplir con la Ley 24.660 y la Constitución Nacional. Después, citaron jurisprudencia al respecto.

A la hora de precisar los ajustes, aseguraron que de 200 horas mensuales de trabajo en los talleres se pasó a unas 60, lo que les ocasionó “un perjuicio muy grande” porque implica menores ingresos. Molestos, pidieron explicaciones a las autoridades del penal y estas les manifestaron que todo había sido una disposición del Encope; sin embargo, los internos de Roca descreen de esa versión y plantearon en su escrito que se trataba “de una directiva informal emanada de varios comités directivos de las distintas unidades del SPF”.

Muy duros con el Servicio Penitenciario Federal, indicaron que “la manera de otorgar las ofertas laborales o los puestos de trabajo era otra gran mentira” porque la normativa interna “ponía condiciones casi imposibles de cumplir como era tener un 5 en concepto para poder salir a un taller”.

Tampoco olvidaron sus garantías constitucionales y resaltaron que todos sus derechos eran “constantemente pisoteados”, apuntando que no tenían un taller para desarrollar tareas laborales y ello implicaba que les “manipulasen los sueldos”. Asimismo, los que provienen de otros puntos del país recordaron que “para poder mantener el vínculo con sus familias debían afrontar grandes gastos de pasajes, estadías y comidas”, situación que los ponía en la disyuntiva de tener que elegir “entre satisfacer sus necesidades básicas o llamar a sus familias”.

Sobre el Encope, mencionaron que se trataba de una cooperativa y lamentaron que no cumpla con la legislación laboral vigente, distribuyendo las ganancias con ellos. “El SPF siempre quiere manipular a los internos a su antojo y capricho como personas que no tenemos derechos y debilitarnos psicológicamente para tenernos a su antojo”, precisaron los internos que firmaron el habeas.

Por último, no ocultaron que se encuentran abandonados respecto de los organismos no gubernamentales que intervienen en estos casos y que, a la par, “era de conocimiento público la infinidad de casos de violación a los derechos humanos” del SPF.

“Se enmarca (el nuevo escenario) dentro de las prerrogativas con las que cuentan las autoridades del SPF, además —de estarse al tenor de los planteos— su análisis reclama otro ámbito de conocimiento”. Tribunal roquense. Cámara Federal de Apelaciones de la región valletana

Tienen sindicato pero sin delegado

Una de las particularidades planteadas en la acción impulsada por los presos de Roca es su reconocimiento de la existencia de un sindicato que los representa, aunque con el problema de que “en la U5 no tenía delegados ni referentes para poder dialogar o reclamar ante este tipo de situaciones”.

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