Lo acusaron por no dar una S10 como indemnización

La víctima había ganado un juicio laboral, que su ex empleador nunca cumplió.

Neuquén.- Un empleado ganó un juicio laboral contra una remisería en 2015, por lo que fue embargada una Chevrolet S10 que debía ser entregada por un hombre de 55 años que trabajaba en la administración de esa empresa. Sin embargo, no sólo no cumplió, sino que ahora fue acusado penalmente luego de que le secuestraran esa camioneta.

El jueves en una audiencia, la jueza Mara Suste avaló el pedido de la fiscalía y acusó al hombre por malversación de caudales públicos por violación de los deberes de funcionario público por equiparación y retención indebida.

Al respecto, el fiscal Marcelo Silva afirmó que se trata de un particular que tiene una denuncia laboral contra él o la empresa que tiene, en el Juzgado Laboral N° 2 desde enero de 2012.

“Para asegurar el pago de la sentencia indemnizatoria de un empleado que él ha tenido en algún momento, se traba un embargo sobre una camioneta a su nombre y se lo deja como depositario judicial con la obligación de entregarla en caso de que se haga efectivo el secuestro”, detalló el fiscal.

El 22 de julio de 2015, cuando el embargo se volvió definitivo, el juzgado laboral le solicitó que haga entrega de la camioneta, apuntó Silva, pero que tras un plazo de cinco días, no lo hizo.

“Queda como incumplidor del sistema judicial y por eso se dice que hubo una violación de los deberes de funcionario público por equiparación, porque queda equiparado a un funcionario público en esa situación particular”, explicó el fiscal, y advirtió que fue intimado en 2016 y notificado en 2017.

“El incumplimiento se mantuvo hasta que la Chevrolet S10 fue secuestrada en la vía pública”, señaló y argumentó que en este contexto la causa llegó al fuero penal. No descartó que todo se resuelva a través de una solución alternativa.

$12.500 El monto máximo de multa que prevé el Código Penal

En caso de ser declarado culpable, el acusado podría ser penado con una multa que va desde los 650 a los 12.500 pesos. Así lo establece el Código Penal argentino para el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio.

Fuente:

¿Qué te pareció esta noticia?

Noticias Relacionadas

Deja tu comentario



Lo Más Leído