La causa judicial en contra de Begoña Gómez y la posibilidad de que prospere en un ambiente de fuerte división política.
En España, al igual que en otros países europeos, hay una fuerte polarización política entre la oposición de derecha y utraderecha y el gobierno socialista, donde las denuncias cruzadas suelen impactar en el ámbito judicial y provocar escándalos de grandes dimensiones.
Este es el caso de las acusaciones contra Begoña Gómez, esposa del presidente socialista Pedro Sánchez, quien tiene una investigación abierta por supuesto tráfico de influencias, y que le sirvió al presidente Javier Milei para atacarla.
La mujer firmó cartas de recomendaciones para compañías importantes de España, que se vieron beneficiadas con jugosos contratos con el Estado. Sin embargo, no hay pruebas firmes contra ella y, por lo tanto, no está imputada.
El caso provocó una conmoción en España y llevó a Sánchez a tomarse un receso de cinco días para resolver si continuaba en el cargo o renunciaba. Finalmente decidió continuar, y para la oposición sólo fue una maniobra política.
Quién es Begoña y cómo surgió la causa
Begoña Gómez, de 49 años, es especialista en marketing. Cuenta con un máster en Administración de Empresas y ha trabajado en la recaudación de fondos para ONGs, como Oxfam y Aministía Internacional.
Además, ejerció como consultora comercial del Grupo Inmark hasta que Pedro Sánchez asumió la presidencia por primera vez en 2018. En ese momento, la mujer pidió una licencia a la compañía para evitar un posible conflicto de intereses.
A poco tiempo de que su marido asumiera como presidente, Gómez fue nombrada directora del “Africa Center” de la universidad privada IE de Madrid, puesto que mantuvo hasta 2022.
Hay dos denuncias contra Gómez. La primera la hace Manos Limpias, una agrupación judicial fundada por sectores de derecha que se define como “anticorrupción”.
Se basa en una investigación del diario digital El Confidencial, donde desentraña el trabajo de Gómez en Africa Center con la empresa española de turismo Wakalua, del grupo Globalia, que a su vez es propietario de Air Europa.
De acuerdo al informe, Wakalua financió dos becas del Africa Center y pagó pasajes de avión para Gómez y otra autoridad de la universidad en 2019. A fines de 2020, durante la pandemia, el gobierno de Sánchez rescató a Air Europa, gravemente afectada por la caída del tráfico aéreo debida a la crisis sanitaria.
El año pasado, Gómez volvió a la Universidad Complutense de Madrid -donde desde 2014 codirigía el Máster Propio de Fundraising- para codirigir un máster de Transformación Social Competitiva. Por este vínculo también hay sospechas.
A través de su cargo en la Complutense, firmó cartas de apoyo a un empresario tecnológico para que consiga subsidios del Estado para realizar cursos destinados a jóvenes y desempleados.
Manos Limpias asegura que Gómez utilizó su posición como esposa del Presidente para influenciar acuerdos de negocios. La corte no dio más información al respecto y señaló que la investigación estaba bajo secreto.
Una segunda causa
Esta semana surgió otra denuncia contra Gómez y Sánchez, en este caso ante la Sala Penal del Tribunal Supremo.
La denunciante, según revela el diario La Razón, es la Asociación Europea de Ciudadanos Contra la Corrupción (AECC). También la acusan de “delitos de tráfico de influencias, complicidad por omisión y encubrimiento, entre otros”.
Algunas de estas empresas beneficiadas por la esposa del Presidente, apunta, “han mejorado su facturación” en casi “un 4.000 por ciento”.
Gómez, afirma el texto de la denuncia, “ha prevalido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para establecer relaciones comerciales y profesionales con diversas empresas y entidades”.
Sin embargo, al igual que Manos Limpias, la AECC no da pruebas concretas. Sólo señala como demostración del delito que hay “cartas de recomendación” hechas por la mujer.
Un delito difícil de probar
Si bien las denuncias tuvieron un fuerte impacto político en España, son muy difíciles de sustentar en el ámbito judicial.
En el país ibérico, a diferencia de otros europeos, no existe un código ético que restrinja las actividades de los familiares de funcionarios públicos.
Habría que demostrar la participación directa del presidente Sánchez o de alguno de sus funcionarios en la adjudicación de contratos para poder avanzar judicialmente.
Los juristas consideran que Gómez no habría cometido ningún acto punible por la ley, aunque haya influenciado para favorecer a compañías amigas. Claro que si las denuncias son ciertas, habría sido un detestable comportamiento ético.
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