Para combatir las protestas y los piquetes, el gobierno de derecha de Giorgia Meloni avanza con una rígida ley de seguridad. Qué castigos contempla.
El gobierno de Georgia Meloni quiere desactivar las constantes protestas ecologistas.
En Italia también las protestas con son un dolor de cabeza para la coalición de extrema derecha que gobierna Italia, con Georgia Meloni a la cabeza. Por eso decidió avanza con una rígida ley de seguridad destinada a combatir las manifestaciones callejeras y los piquetes, evitando los cortes de ruta, calles y vías férreas.
Es una demanda del grueso de su electorado, aunque tiene el rechazo total de los partidos opositores que abarcan el amplio espectro que va del centro a la izquierda.
Lo que era una contravención, ahora será delito
La última iniciativa del oficialismo contempla de un mes a dos años de cárcel por interrumpir el tránsito en las carreteras o cortar la circulación de los trenes, una contravención que hasta ahora sólo implicaba una sanción administrativa.
La norma fue bautizada como ley “anti-Gandhi”, ya que las autoridades tienen previsto aplicarla aunque la protesta sea en forma pacífica, algo frecuente en manifestaciones sindicales o ecologistas.
Qué estipula la ley y a quién apunta
La nueva ley de seguridad, que ya fue aprobada por Diputados y ahora tratará el Senado, incluye un polémico artículo -el 14- que busca restringir el derecho de manifestación cuando perjudique a otros.
Si una sola persona bloquea una avenida, ruta, autopista o vía férrea se arriesga a una pena de prisión de hasta un mes o multa de 300 euros. Pero si lo hacen dos o más personas, la ley estipula de seis meses a dos años de cárcel.
La nueva ley de seguridad tiene como blanco los movimientos ecologistas
De acuerdo al texto del artículo, las penas máximas se aplicarán a quien "impida la libre circulación por vías ordinarias o ferroviarias obstruyendo lo mismo con el propio cuerpo, si el acto es cometido por más de una persona".
La nueva legislación convierte así en delito lo que antes era una contravención. Su objetivo es responder al malestar que generan este tipo de manifestaciones en un importante sector de la población.
Apunta, casi específicamente, a las protestas de los movimientos ecologistas que en muchas ocasiones organizaron sentadas y cortes de rutas para protestar contra el cambio climático y la contaminación. Actualmente estas conductas están sancionadas sólo con una multa.
El diario Corriere della Sera señala que la aprobación de la nueva norma “forma parte de la huella de seguridad que la mayoría de centroderecha quería dejar con el proyecto de ley de seguridad”.
También explica que es producto de los episodios que han salpicado las noticias en los últimos años, cuando las sentadas ambientalistas “han interrumpido el tráfico por carretera o ferroviario, provocando la ira entre los automovilistas o los viajeros”.
Contra obras “estratégicas” y “ocupas ilegales”
Dentro de la ley de seguridad hay otra norma específica que reprime protestas particularmente impopulares, afecta a quienes protestan para impedir "la construcción de una obra pública o de una infraestructura estratégica".
En este caso, el proyecto de ley no introduce un delito específico, aunque sí considera la manifestación en una circunstancia agravante si impide la construcción de centrales eléctricas, autopistas, puentes o cualquier infraestructura relevante a nivel nacional.
Por otro lado, el paquete endurece las penas para quienes ocupan propiedades ajenas, algo que viene generando malestar en los sectores medios italianos.
Endurece las penas a quienes ocupen propiedades ajenas
El acto ya está sancionado por la ley, pero con la nueva norma de seguridad corre el riesgo de ser castigado con una pena de entre 2 y 7 años de prisión.
También se prevén procedimientos acelerados para permitir al legítimo propietario recuperar rápidamente la posesión del inmueble.
Rechazo de la oposición
Los representantes en el Congreso de la izquierda italiana, los activistas climáticos y los grandes sindicatos expresaron su absoluto rechazo a la ley de seguridad.
Afirma que sólo promete más represión, impidiendo el legítimo derecho a protestar contra medidas que afecten a los trabajadores y a la sociedad.
“Nos enfrentamos al fuerte peligro de que se agraven los cambios en un marco legislativo que ya es crítico desde el punto de vista de los derechos humanos”, explica Riccardo Noury, portavoz de Amnistía Internacional Italia.
Federico Cafiero de Raho, legislador del opositor Movimiento 5 Estrellas, considera que “el gobierno pretende atacar el derecho a manifestarse contra lo que se considera un acto injusto, criminalizando la disidencia pacífica y meramente pasiva”.
Su colega, Stefania Ascari, subraya que es un ataque a los derechos sindicales. "Con este proyecto de ley, el gobierno y la mayoría quieren negar a los trabajadores el derecho a protestar."
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