El subsidio otorgado por el Estado Nacional involucraba también a las personas consideradas "ocupables" que no contaban con un empleo.
Pese a las críticas y a las protestas iniciadas en varias ciudades del país, el gobierno italiano avanza con la eliminación de la “renta de ciudadanía”, un subsidio de desempleo de hasta 780 euros que a partir del mes que viene cambiará de nombre y solo alcanzará a familias que tengan a cargo menores de edad, mayores de 60 años o personas discapacitadas sin posibilidades de acceder a un empleo.
“Se desperdiciaron 25.000 millones de euros con la renta de ciudadanía. Hoy, quien quiere trabajo lo encuentra”, planteó esta semana la ministra de Trabajo, Marina Calderone, vocera de la eliminación del subsidio para casi 160.000 beneficiarios dispuesta por el Gobierno desde fines de julio, que provocó una fuerte reacción por el fondo y por las formas de la decisión.
A fines del mes pasado, la administración que encabeza Giorgia Meloni comenzó a enviar mensajes de texto y correos electrónicos en los que anunció a unos 159.000 grupos familiares que habían cobrado ya siete meses del subsidio que dejarán de recibirlo a partir del mes que viene, como había prometido la premier en la campaña electoral que la llevó al Ejecutivo en 2022.
Según datos del instituto de la Seguridad Social italiana, el INPS, 895.000 familias recibieron la renta básica en junio. El principal argumento es que las personas consideradas “ocupables” podrían encontrar trabajo si lo desean.
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