Rusia blinda al presidente Vladimir Putin frente a una orden de arresto de la Corte Penal Internacional

Rusia aprobó este martes una ley que impide la aplicación en su territorio de sentencias dictadas por tribunales penales extranjeros. Se trata de una medida que blinda al presidente Vladimir Putin frente a la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI).

El proyecto fue sancionado por la Duma, la Cámara de Diputados rusa, en segunda y tercera lectura, y establece que en Rusia no tendrán validez las decisiones de tribunales de otros Estados cuyas competencias no hayan sido refrendadas por el país o que no se basen en resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La disposición, que alcanza a sentencias de carácter penal, introdujo enmiendas al artículo 6 de la Ley Federal Constitucional sobre el Sistema Judicial de la Federación Rusa.

La votación se realizó en una única jornada parlamentaria y completa el trámite legislativo en la Cámara baja. Su aprobación, en tanto, se produjo después de que la Corte Penal Internacional dictara en marzo de 2023 una orden de arresto contra Putin por delitos vinculados a la guerra en Ucrania.

Qué dice la orden de arresto de la CPI contra Putin

La CPI emitió una orden de arresto contra el presidente ruso por los delitos de deportación forzada y traslado ilegal de niños ucranianos desde territorios ocupados por Rusia hacia otras zonas bajo control de ese país. La resolución fue adoptada por jueces del tribunal con sede en La Haya.

"Los crímenes se cometieron desde el 24 de febrero de 2022. Existen motivos razonables para creer que el Sr. Putin tiene responsabilidad penal individual por los crímenes mencionados, por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros, y por no haber ejercido el control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos, en virtud de la responsabilidad superior", esgrimió el CPI oficialmente.

Vladimir Putin, el anfitrion de la reunión del BRICS.

Tras la emisión de ese documento, el Kremlin rechazó formalmente la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en relación con Putin y con otros altos funcionarios rusos implicados en la campaña militar en Ucrania.

La orden fue comunicada a los Estados parte del Estatuto de Roma, con el objetivo de que fuera ejecutada en caso de que el mandatario ruso ingresara a sus territorios.

Sin embargo, pese a esa disposición, Putin realizó viajes oficiales a países firmantes del estatuto, entre ellos Mongolia, sin que se concretara su detención.

El vínculo de Rusia con el Estatuto de Roma

Rusia firmó en el año 2000 el Estatuto de Roma, texto fundacional de la CPI, pero nunca lo ratificó. Es más, en 2016 revocó su firma del tratado.

Esta marcha atrás del Kremlin se produjo después de que la Corte Penal Internacional determinara que la anexión de la península ucraniana de Crimea por parte de Moscú constituía una "ocupación permanente".

Vladimir Putin

Desde entonces, Rusia no reconoce la competencia de la CPI ni forma parte del sistema judicial internacional establecido por ese organismo.

Condenas de la Justicia rusa contra funcionarios de la CPI

En sentido inverso, tras la orden de arresto contra Putin, la Justicia rusa condenó en ausencia a nueve jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional y les dictó penas impuestas van de 3,5 a 15 años de prisión.

Entre los condenados se encuentran el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, el costarricense Sergio Gerardo Ugalde Godínez y la jueza peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza.

Según las acusaciones formuladas por el Kremlin, los magistrados y fiscales de la CPI iniciaron un proceso de persecución penal que incluye la detención de representantes de un Estado extranjero que, de acuerdo con la legislación rusa, disponen de inmunidad internacional.