Aguada San Roque: pericia clave, nuevo fiscal y más tiempo de investigación

La investigación por la explosión en la Escuela 144 de Aguada San Roque -que derivó en la muerte de la docente Mónica Jara y los operarios Mariano Spinedi y Nicolás Francés- se extenderá hasta el 26 de noviembre, tras una nueva prórroga que solicitarán formalmente esta semana la Fiscalía y las querellas.

Debido al abultado material de investigación, consistente en más de 4.000 imágenes, 500 videos, 9.000 audios y 3.000 llamadas, la causa fue declarada como compleja en diciembre del año pasado. El plazo de investigación estaba fijado para el pasado 26 de abril pero se otorgó una prórroga por cuatro meses, de modo que septiembre debía ser el límite para que a fin de año la causa sea elevada a juicio. Sin embargo, los abogados querellantes -con el aval de la Fiscalía y los defensores- pidieron una nueva extensión del plazo hasta mediados de noviembre.

Actualmente la causa está en manos del fiscal jefe de Cutral Co, Gastón Liotard, quien hace más de un mes asumió en su cargo; y la fiscal Gabriela Macaya. Sandra González Taboada dejó su puesto de fiscal subrogante, por lo que ya no encabeza la investigación.

La querella del gremio docente ATEN representa a las familias de Jara y Spinedi, y está a cargo de los abogados Darío Kosovsky y Emanuel Roa Moreno; mientras que Federico Egea representa a la familia de Francés.

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La tragedia en la escuela de Aguada San Roque ocurrió el 29 de junio del 2021.

En diálogo con LMNeuquén, Liotard precisó que la ampliación del tiempo de la investigación fue solicitada por la querella ya que "están terminando una pericia especifica que requiere la participación de expertos". Confirmó que la investigación culminaría durante la segunda quincena de noviembre.

En esta línea, Egea sumó que se trata de una "pericial contable para analizar los pliegos de licitación de las obras que se estaban realizando y sobre todo las certificaciones de obra; y una pericial informática para cruzar datos que se fueron encontrando en distintos teléfonos". Con esta etapa finalizada, se llevaría adelante el control de acusación y, finalmente, la elevación a juicio.

Los funcionarios públicos imputados son Roberto Deza (subsecretario de Obras Públicas), Raúl Capdevila (director provincial de Obras Públicas), Carlos Córdoba (director de Obras Públicas) y Sergio Percat (inspector de obra) de Obras Públicas y del Ministerio de Educación. Por otro lado, del Consejo Provincial de Educación están imputados Fabio Luna (director de Ruralidad) y Patricia Cresatti (Directora de Nivel). De la empresa, los señalados son Héctor Villanueva (socio gerente), su representante técnico, el arquitecto Diego Bulgheroni, y el constructor maestro mayor de obras, Eduardo Afione. Por decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el coordinador de Infraestructura, Gabriel Potás, ya no está imputado en la causa, pero su investigación continúa abierta ya que no fue sobreseído. Los delitos incluyen estrago culposo, administración fraudulenta e incumplimiento de deberes de funcionario público.

"Vamos a sostener la formulación de cargos con una complementación de la prueba que se produjo, tal cual se expuso en su momento", adelantó el letrado, quien aseguró que están trabajando articuladamente con los otros abogados querellantes y la Fiscalía. "Por suerte tenemos bastantes coincidencias. Todo esto después requiere sentarnos y volver a articular la imputación final, pero venimos trabajando bien", señaló.

Aguada San Roque: una cadena de irresponsabilidades

Los ejes de la investigación contra los funcionarios y empresarios no involucran únicamente el error técnico que provocó la deflagración en el establecimiento sino que, sustancialmente, están centrados en una cadena de hechos de corrupción que derivaron en la tragedia.

A modo de ejemplo, la Fiscalía y la querella sostienen que en marzo del 2021 no se hizo la prueba de hermeticidad que correspondía hacer en el establecimiento, mientras que en mayo se emitió un certificado de finalización de obra cuando esto no había ocurrido. Además, la Escuela 144 fue incluida en el listado de establecimientos aptos para el inicio de clases.