Del voto bronca al superávit: coincidencias y diferencias entre Rolando Figueroa y Javier Milei

Aunque Rolando Figueroa en Neuquén y Javier Milei en la Nación comparten la meta del superávit fiscal como bandera política, el destino que le dan al excedente marca la diferencia: mientras el presidente apuesta por reducir impuestos y liberar la economía, el gobernador neuquino lo canaliza hacia obra pública e infraestructura.

Llegaron al poder desde trincheras distintas, pero con un mismo combustible político: el hartazgo social. Tanto Rolando Figueroa en Neuquén como Javier Milei a nivel nacional irrumpieron con un discurso frontal contra el poder establecido, denunciando abusos, excesos y privilegios enquistados en la política. Con ese mensaje lograron concentrar gran parte del voto bronca de ciudadanos que no solo buscaban un cambio, sino un corte tajante con la vieja forma de gobernar del Movimiento Popular Neuquino y del Peronismo/Kirchnerismo.

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A casi dos años de gestión, un nuevo punto los emparenta: el sostenimiento del superávit fiscal. Ambos lo exhiben como bandera de éxito administrativo, aunque la ruta para alcanzarlo tuvo matices y costos muy diferentes.

Figueroa: una podadora sobre la política

En 2024, Neuquén cerró con un superávit financiero de 354.491 millones de pesos, que se elevó a 611.034 millones si se incluyen los fondos del Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN). Según estimaciones privadas, el saldo positivo equivale a unos 500 millones de dólares.

El camino elegido por Figueroa implicó una reducción de más del 50 % de la planta política, lo que representó un ahorro de 32.000 millones de pesos. A eso sumó la eliminación de jubilaciones de privilegio, recortes en gastos administrativos, control de sobrecostos en contrataciones y una poda en la obra pública provincial.

La administración provincial asegura que el ahorro estructural se reinvirtió en salud, educación, seguridad e infraestructura, evitando además nuevo endeudamiento por más de 220.000 millones de pesos.

Milei: motosierra sin piedad

En la Casa Rosada, Milei encaró un ajuste fiscal de otra magnitud. De un déficit de –2,77 % del PIB en 2023, el país pasó a un superávit de +0,52 % en 2024, recuperando más de 3,3 puntos porcentuales. El recorte del gasto primario rondó el 35 % en términos reales.

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La motosierra de Javier Milei, descontrolada: echó a 119 funcionarios de alto rango en poco menos de un año.

La motosierra se concentró en áreas especialmente sensibles: las jubilaciones y pensiones sufrieron una caída del 35 % en términos reales; los subsidios a la energía y el transporte se redujeron entre un 45 % y un 50 %; las transferencias a las provincias se recortaron en un rango del 76 % al 90 %; y la obra pública nacional prácticamente se paralizó, con una baja del 86 % al 90 %. También la educación superior y las universidades sintieron el impacto, con un financiamiento reducido en un 31 %. Según un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, el sector público nacional perdió 54.176 puestos de trabajo, lo que equivale a una reducción del 15,9% respecto a la dotación inicial.

Para el gobierno nacional, el ajuste era imprescindible para frenar la emisión monetaria y estabilizar las cuentas. El principal objetivo —bajar la inflación— comenzó a cumplirse, con una desaceleración notable en la presión sobre los bolsillos. Sin embargo, el costo social fue inmediato y profundo, afectando a jubilados, provincias y sectores productivos dependientes de la obra pública.

Si bien ambos mandatarios muestran el superávit como logro político, las diferencias son claras. Figueroa optó por un recorte selectivo en la política y la administración, preservando y reforzando áreas clave de servicios públicos. Milei ejecutó un ajuste integral que impactó en casi todos los rubros del gasto público, con fuerte costo social y tensiones con gobernadores.

El otro déficit: la infraestructura

Según estimaciones del Gobierno neuquino, el déficit en infraestructura asciende a 4.000 millones de dólares. En una provincia con un crecimiento acelerado respecto de otros distritos, la necesidad de más rutas, escuelas, hospitales y redes de servicios es urgente. Aquí surge la pregunta: ¿cómo se conjuga esta demanda con el superávit fiscal?

La diferencia principal entre Javier Milei y Rolando Figueroa radica en el destino que dan al ajuste. El primero canaliza cada punto de reducción del déficit fiscal en disminución de impuestos y retenciones al campo, como parte de un plan de liberalización de la economía que, según economistas afines, podría generar en el largo plazo un dinamismo inédito. El segundo orienta el superávit hacia la inversión en obra pública, buscando resolver el rezago en infraestructura.

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Si se proyecta a futuro, el modelo nacional podría desembocar en un país con menor presión fiscal y un clima de inversión más favorable para la economía y el trabajo. El neuquino, en cambio, podría permitir que la provincia, sosteniendo un superávit de 1.000 millones de dólares anuales como se espera alcanzar en 2025, salde en apenas cuatro o cinco años su histórica deuda de infraestructura.

Superávit bajo ataque político

A contramano de los planes gubernamentales, desde el Congreso nacional, la oposición política empuja proyectos que implican incrementos significativos del gasto público sin detallar de dónde saldrán los fondos. Según estimaciones del Ministerio de Economía, el paquete de medidas incluye un incremento del 7,2 % en las jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y cambios en la coparticipación de impuestos a los combustibles y en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El costo fiscal total rondaría el 2,5 % del PIB. Para el oficialismo, estas iniciativas no solo ponen en riesgo el frágil equilibrio fiscal alcanzado, sino que representan un retorno a las prácticas que hundieron las cuentas públicas en el pasado reciente.

¿Mercado y Estado: modelos complementarios?

Es posible que, pese a que ambos modelos se enfrentarán con dureza en las urnas provinciales en octubre y, probablemente, en 2027, en realidad puedan ser complementarios. Después de todo, resulta difícil imaginar regresar a una economía nacional con déficit fiscal, emisión monetaria e inflación; tanto como una provincia que no desarrolle la obra pública.

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En el fondo, la discusión no es solo sobre cómo alcanzar el superávit, sino sobre qué hacer con él. Uno proyecta un país más liviano en impuestos, confiando en que el mercado despierte; el otro, una provincia con cimientos sólidos para sostener su crecimiento. Si el tiempo demuestra que el mercado y el Estado se necesitan mutuamente y pueden convivir, quizás el verdadero cambio no sea elegir entre uno u otro, sino comprender que, gastando más de lo que se tiene, no hay proyecto político que se sostenga.