Denuncia de estafa en una mutual de Vaca Muerta: el sorteo de una Hilux y transferencias bajo sospecha

La investigación penal que involucra a la Asociación Mutual de los Trabajadores Constructores Neuquinos (AMTCN), cuyo titular es Juan Carlos Levi, sumó en las últimos días un nuevo foco de atención: la compra de una Toyota Hilux que el Ministerio Público Fiscal intenta reconstruir como parte de una cadena de operatoria sospechada de irregularidades y de presunta estafa.

El pasado viernes se realizaron nueve allanamientos simultáneos, en domicilios particulares, a través de Delitos Económicos con la fiscal Rocío Rivero, en busca de información sobre trasferncias realizadas a la muitual, por en el contexto de una vieja denuncia archivada por "afiliaciones compulsivas", al gremio de la UOCRA, a través de la mutual.

Esa causa no prosperó, pero la fiscalía investiga las transferencias y el destino de los fondos. En ese marco, el abogado Maximiliano Gómez, quien actúa como querellante en representación de los perjudicados, convocó en los últimos meses a obreros de la construcción para que continúen aportando pruebas, especialmente comprobantes de transferencias y movimientos de dinero que, según la acusación, habrían sido realizados en el contexto de esas presuntas maniobras de afiliación forzada.

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Es una causa que viene de 2024, pero que se reactivó en las últimas semanas con los allanamientos en sedes de la UOCRA y domicilios partticulares, tras más denuncias de afiliados que aportaban a la mutual, con descuento automático de las empresas. Se investiga si los movimientos financieros y las compras se encuadran dentro del delito de administración fraudulenta.

Denuncia contra la mutual: qué dijeron las partes

"Me convocaron a una reunión en Fiscalía hace tres semanas, pero no me recibieron la documentación, todo muy raro, y aparecieron los allanamientos, dijo Levi en una consulta de LM Neuquén, quien además es el secretario adjunto de la UOCRA Neuquén y referente de Añelo. Víctor Cárcar es oficialmentre el titular del gremio, en una coalición con Levi y una suerte de "pacto de paz" en territorios, que firmaron con el gobierno provincial a través de la Secretaría de Trabajo.

La documentación permitía reconstruir un circuito administrativo, contable y bancario que, al menos en los papeles, ubica la adquisición del vehículo dentro de un sorteo autorizado por el Instituto Provincial de Juegos de Azar (IJAN), con respaldo normativo, una factura comercial, transferencia bancaria identificable y ganadores certificados.

La causa se inició a partir de denuncias de afiliados vinculados a la UOCRA, quienes aseguraron haber sido presionados u obligados a afiliarse a la mutual, y señalaron supuestas irregularidades en el manejo de fondos. Esa denuncia perdió peso hace dos años, porque muchos no se presentaban a declarar.

"No es una mutual de la UOCRA, porque no tiene el aval del sindicato, sino es personal de Levi que no tiene beneficios, por eso solicitamos el embargo de las cuentas de la mutual y las personales de él y su familia", sostuvo Gómez, quien tiene 50 representados. Y acotó que "vamos a pedir la restitución del dinero aportado, en sede penal y civil".

Uno de los documentos incorporados a la causa es un oficio firmado por la fiscal Rocío Rivero, de Delitos Económicos, dirigido a la concesionaria Nippon Car SRL, con fecha 19 de enero de 2026, con el fin de sortearla a los afliados a la mutual. La defensa busca probar que la mutual tenía respaldo legal y que realizó las operatorias con respaldo institucional.

En ese requerimiento, la fiscal solicita información “con carácter urgente” sobre una transferencia bancaria por $40.500.000 realizada el 4 de abril de 2025 desde la cuenta de la mutual hacia la agencia automotriz. El pedido incluye el motivo de la transacción, la documentación respaldatoria y, en caso de tratarse de una compra vehicular, los datos del rodado y su patentamiento.

Ese oficio es el documento que incorpora formalmente la operación de la Hilux al expediente penal.

Transferncias y el respaldo del IJAN para el Toyota Hilux

Los registros del Banco Credicoop incorporados a la causa muestran que el 4 de abril de 2025 a las 9:39, la Asociación Mutual realizó una transferencia inmediata por $40.500.000 a una cuenta del Banco Provincia. En la misma jornada se debitó además el impuesto correspondiente a la Ley 25.413 sobre movimientos bancarios. Es decir, que hasta ahí la concesionaria no puso reparos a las transferencias.

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El movimiento figura a nombre de la AMTCN, con Juan Carlos Levi como operador de la cuenta, y no presenta desvíos ni intermediarios: el dinero salió de la mutual y fue transferido directamente a la concesionaria.

La transferencia bancaria tiene su correlato en una factura “A” emitida por Nippon Car SRL, a nombre de la Asociación Mutual de los Trabajadores Constructores Neuquinos.

El comprobante detalla la compra de una Toyota Hilux 4x2 CD DX 2.4 TDI, con identificación de motor, chasis, código DNRPA, origen y valor final. El monto total facturado asciende a $39.906.000, cifra compatible con la transferencia efectuada, con impuestos y gastos administrativos. Desde el punto de vista documental, no se trata de una operación comercial completa y trazable.

El eje central que introduce interrogantes en la causa es la Resolución N° 232/25 del Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén, fechada el 12 de mayo de 2025, mediante la cual el organismo autoriza formalmente a la mutual a realizar el “Sorteo Día del Trabajador de la Construcción A.M.T.C.N.”.

La resolución aprueba la inscripción de la mutual como operador promocional y autoriza expresamente el sorteo. Establece que la fecha del acto será el 15 de mayo de 2025 y avala las bases y condiciones presentadas y confirma la participación institucional del IJAN en la locución y difusión.

Fiscalia Toyota Hilux mutual

El documento constata que la mutual cumplió con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente y que no existían objeciones administrativas para avanzar con la promoción.

Incluso hay documentación que registra que el sorteo se realizó en la fecha prevista y fue certificado por la Facultad de Informática de la Universidad Nacional del Comahue, mediante un sistema de validación digital con código verificable. La nómina de ganadores —con nombres, documentos y números de sorteo— quedó registrada, lo que indica que al menos no sería ilegal ese sorteo.

¿El trasfondo político y sindical?

El avance de la causa también se da en un contexto político particular. Juan Carlos Levi es un dirigente sindical con fuerte inserción en el esquema gremial provincial, y durante el último proceso electoral mantuvo una relación cercana con el gobierno provincial. Es más, participó activamente de la campaña y de actividades políticas vinculadas al oficialismo. También se muestra públicamente con apoyo a asociaciones, y entidades como clubes deportivos.

No obstante, en este último tramo Levi endureció su postura pública como dirigente de la UOCRA dentro de la CGT que responde a Gerardo Martínez, especialmente frente a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.

En ese debate, el dirigente sindical fue crítico del rumbo del Gobierno nacional y advirtió que uno de los sectores más afectados por los cambios propuestos es el de la construcción, con impacto directo en el empleo, las condiciones laborales y la estructura sindical.

Ese posicionamiento crítico se dio en paralelo al avance de la investigación judicial, un cruce de planos —penal, sindical y político— que agrega complejidad al caso.

Una causa y las lecturas sobre el sindicalismo

Desde la defensa de Levi sostienen que nunca se les permitió realizar un descargo pleno sobre esta documentación, pese a que los registros bancarios, la factura de compra, la resolución del IJAN y la certificación del sorteo forman parte del mismo circuito que hoy se analiza como presunta estafa.

La querella continúa recolectando testimonios y comprobantes de transferencias de obreros que denuncian presiones para afiliarse, mientras la causa queda atravesada por una pregunta de fondo: si la compra de la Hilux fue una maniobra irregular, o si fue el premio principal de un sorteo autorizado por el propio Estado provincial, realizado bajo control institucional y con respaldo contable verificable. Esta, entre otras diligencias. Hay documentación, una denuncia y mucha tela para cortar.