Una posible migración de estudiantes del sistema privado al público y las demandas salariales ponen tensión a la agenda.
Al parecer, las actuales autoridades provinciales no encontraron al sistema educativo con una crisis semejante a la de la salud pública. A más de un mes del inicio de las clases, no obstante, el Ministerio de Educación confió la continuidad de la política de mantenimiento de edificios escolares a los funcionarios que trabajaron para el ex responsable del área, Osvaldo Llancafilo.
Primó el sentido común para evitar sorpresas en marzo, aunque todavía, por lo dispar del estado de los establecimientos en reparación, no se garantiza que el 100% de los edificios lleguen en óptimas condiciones.
Aquella inquietud no es para soslayar. Este viernes la ministra Soledad Martínez confirmó algo que se sospechaba: un posible alto número de migración de estudiantado del sector privado al público como consecuencia de los tarifazos en las cuotas de los colegios que, en el caso de la clase media, tendrá un severo impacto en las finanzas familiares.
Esa migración, si se confirman las presunciones, tendrá un mayor impacto en la ciudad de Neuquén para lo cual el gobierno ya está tomando las previsiones, pese a que aún no se ha podido establecer el número aproximado de nuevos estudiantes.
El otro frente que Educación tampoco tiene despejado para llegar a marzo con todas las escuelas abiertas, es el sindical.
Las negociaciones con los gremios, por la cuestión salarial, estará en manos de una troika integrada por los ministros de Gobierno, de Trabajo y de Economía, que también comenzaron a afinar la estrategia para responder al pedido de continuidad de la fórmula de ajuste por inflación, una aritmética de no poca rigidez que pondrá en tensión un escenario, ya complejo, en 2024.
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