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La Mañana justicia

El obsceno presupuesto de la Justicia de Neuquén en medio del conflicto gremial

Los recursos por autarquía del Poder Judicial para este año sólo cubren la mitad de lo que se gasta. En paralelo, SEJUN rechazó una propuesta salarial que es superior a la que aceptaron los sindicatos de otros poderes del Estado.

El Poder Judicial de la provincia de Neuquén vive en Disney, y esto no es sólo producto de los altos sueldos de magistrados y funcionarios, con un presupuesto deficitario, que obliga -año tras año- a la asistencia financiera del Gobierno; sino también por el rechazo que el sindicato SEJUN hizo a la última propuesta salarial que formuló el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El gremio que nuclea a los empleados judiciales desechó una oferta que supera a la que aceptó el resto de los sindicatos de otros poderes del Estado provincial.

La propuesta incluye la actualización salarial por índice de precios al consumidor (IPC), trimestral a aplicar en los meses de abril, julio y octubre de 2025 y enero de 2026, con una asignación extraordinaria no remunerativa ni bonificable de 520.000 pesos, excluyéndose las categorías más altas, a pagar la primera semana de marzo.

También una asignación extraordinaria no remunerativa ni bonificable para abril y setiembre (base monto setiembre 2024 actualizado por IPC y excluyéndose a las categorías más altas).

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Además, contempla el pago de ayuda escolar extraordinaria, a percibir con los haberes de febrero de 2025 y otra suma extraordinaria no remunerativa ni bonificable de 200.000 pesos en concepto de capacitación y entrenamiento en nuevas tecnologías aplicadas, a percibir la primera semana de marzo.

Si se acepta la propuesta, se hará un análisis de cambio de escalafón de personal de servicios, técnico y de maestranza de quienes se verifique que cumplen tareas administrativas. Y estará garantizada la continuidad de las mesas técnicas de evaluación de concursos internos de vacantes, además del análisis de plantas pendientes.

Presupuesto y déficit crónico

La paradoja de todo este conflicto es lo que prevé el presupuesto del Poder Judicial para este 2025 (260.197 millones de pesos, un 154% más que en 2024), donde la partida de personal se lleva el 93% por ciento de esos recursos, es decir, más de 241 mil millones, y que, para poder cumplir con este objetivo, la Justicia requerirá asistencia del Ejecutivo por casi la mitad de lo que necesita.

En números concretos: por los recursos de la ley de autarquía el Poder Judicial recibe el 18% de la coparticipación federal de impuestos, estimados en unos 134.397 millones de pesos, más $4.500 millones por recursos propios, mientras que el Tesoro provincial deberá aportar 121.300 millones de pesos.

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Incluso, hasta la derogación que se dio a fines del año pasado de la ley que había creado el Fondo de Estabilización de Presupuestos del Neuquén (FEPN), se le quitaba a la Legislatura el 1,5 de su presupuesto para financiar, entre otros, al Poder Judicial, bajo el argumento de “garantizar el ejercicio pleno de la administración de justicia y el equilibrio de poderes”.

Es una situación que en algún momento se tendrá que rever porque la justicia, como poder independiente del Estado, no puede seguir siendo financiada por otro u otros poderes. Y mucho menos bajo las condiciones que el propio gremio judicial pretende. Porque, como se sabe, el TSJ hizo una oferta sobre un presupuesto de por sí deficitario que, de incrementarse la masa salarial, lo será aún más.

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