Estafas con planes sociales: rechazaron el pedido de dos imputados que reconocieron su participación

El juez Cristian Piana rechazó la propuesta de acuerdo presentada entre la fiscalía y la defensa de dos imputados en la causa en la que se investiga la estafa con planes sociales. En el acuerdo, los imputados reconocían su participación en el hecho.

Según informaron desde la Fiscalía, este acuerdo incluía cientos de ilícitos como ser el cobro de 264 cheques por un monto aproximado de $ 12.700.000 -en un caso- y por el cobro de 103 cheques por un monto aproximado de $ 4.900.000 -en el otro caso- "todo esto a montos históricos".

Piana tomó esta determinación basado en que, además de aceptar la responsabilidad y acordar una condena de tres años de prisión en suspenso y, entre otras medidas, la realización de tareas comunitarias durante ese período por parte de los imputados, no se consideró en la propuesta una reparación o una recuperación acorde al daño causado, por lo que no era posible homologar dicho acuerdo, ya que el mismo carecía de proporcionalidad o razonabilidad con respecto a la cantidad de ilícitos cometidos y el monto de los mismos.

Audiencia para revocar la domiciliaria de pablo Sanz - estafa planes sociales (9).JPG

Claudio Espinoza

La presentación había sido días atrás cuando el fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, y la asistente letrada Agustina Jara, presentaron los acuerdos de pena para imponer dos nuevas condenas en la investigación por las estafas con planes sociales.

Los acuerdos solicitados comprendían a Adrián Alfredo Meza Lizama, cuyo rol fue aceptar los subsidios de manera fraudulenta; y Rodolfo Andrés López, quien participaba en la extracción de dinero mediante cheques y tarjetas de débito sin autorización. El fiscal del caso y la asistente letrada detallaron que el perjuicio ocasionado por López fue de $12,7 millones; y en el caso de Lizama por $4,9 millones.

Según lo informado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), el pedido para Lizama había sido de 3 años de prisión en suspenso con 360 horas de trabajo comunitario y reglas de conducta, por tener un rol considerado de menor responsabilidad (nivel 5). En tanto, para López solicitaron 3 años de prisión en suspenso, 432 horas de trabajo comunitario y reglas de conducta, por tener un rol considerado de menor responsabilidad (nivel 4).

estafa planes sociales Ricardo Soiza, Abel di Luca, Pablo Sanz y Marcos Osuna

Ricardo Soiza, Abel di Luca, Pablo Sanz y Marcos Osuna, señalados como los principales jefes de la asociación ilícita.

Narváez había sostenido que la pena es justa y proporcional con el principio de culpabilidad. Ý aunque había dicho que el acuerdo permitiría a la fiscalía “optimizar los recursos y centrarse en los niveles superiores de esta asociación ilícita”, no fue admitido.

Se buscaba que ambas penas se sumaran a las que ya se impusieron a cinco acusados y acusadas en septiembre del año pasado y que fueron similares: éstas comprendieron a Gustavo Roberto Mercado, Carolina Beatriz Hernández, Pamela Alejandra Rivera, Gesel Roxana Tarifeño y Pamela Alejandra Cea, quienes aceptaron haber integrado la asociación ilícita y hacer tareas como extraer dinero de los cajeros automáticos o cobrar cheques, para luego entregar la recaudación a los imputados a los que se les atribuye mayor responsabilidad dentro de la maniobra. Las demás personas imputadas en el caso irán a juicio.

Estafa con planes sociales: el caso

De acuerdo a la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal (MPF), un grupo de exfuncionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, integraron una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de débito.

La maniobra se efectuó con distintos niveles de responsabilidad, y con el rol de jefes está ubicado Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y Marcos Ariel Osuna, exresponsable de Gestión de Programas del mismo organismo. A los jefes iniciales, la fiscalía sumó luego en el rol de “jefes” de la organización a otros dos funcionarios de alto rango: el exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, y el excoordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.

La investigación se centró en el período comprendido entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022, con diversos roles y niveles de responsabilidad, con los jefes en el primer nivel.

En los niveles 2, 3, 4 y 5, se ubicó a colaboradores directos de los jefes, reclutadores de potenciales beneficiarios del plan, cobradores (mediante tarjetas y cheques) y a quienes obtuvieron beneficios.

El juez que dirigió la audiencia, Cristian Piana, resolvió hacer un cuarto intermedio hasta el lunes, para definir la aceptación de los acuerdos presentados por el MPF, y que contaron con el aval de la querella y de las personas imputadas.