Guagliardo: "Lo ocurrido con Fuentealba fue para humillar a los docentes"

En la segunda jornada de audiencias del juicio Fuentealba II contra ocho policías acusados de participar del operativo represivo montado en Arroyito por el gobierno de Jorge Sobisch el 4 de abril de 2007, que terminó con el asesinato del docente Carlos Fuentealba, prestó declaración el secretario general del gremio ATEN, Marcelo Guagliardo.

Fuentealba murió por el impacto en la cabeza de una granada de gas lacrimógeno disparada por el cabo de la policía neuquina Darío Poblete durante una manifestación del gremio docente en la Ruta Nacional 22, en cercanías de Arroyito. Por el hecho, Poblete fue condenado a prisión perpetua por ser responsable del delito de homicidio calificado con alevosía.

Luego de más de dos horas de declarar, Guagliardo expresó que su intención es "que haya justicia" e indicó que fue una intervención larga porque explicó en detalle lo ocurrido ese día y respondió todas las consultas que le realizaron, tanto desde la querella como desde la defensa de los acusados.

Además precisó que ante el tribunal presidido por el juez Luis Georgetti brindó un detallado análisis de la situación educativa de ese entonces y puso en contexto la particularidad del paro de 2007, producto de la falta de respuestas del gobernador Sobisch. Expresó que lo ocurrido esa mañana en Arroyito fue el resultado final y brutal de una violencia que fue creciendo con los años y que lo que se pretendió fue escarmentar, humillar y destratar a las y los trabajadores de la educación.

Los policías acusados son Carlos Salazar, jefe de la Policía de la Provincia al momento del homicidio de Fuentealba, Moisés y Adolfo Soto, Mario Rinzafri, Jorge Garrido, Aquiles González, Julio Lincoleo y Benito Matus.

Cabe señalar que el fiscal Breide Obeid acusó a Matus por dos hechos ocurridos en el operativo represivo: haber disparado con una escopeta 12/70 contra una persona que se movilizaba a bordo de un auto y haber golpeado con su arma a otro manifestante, cuando éste último se dirigía con las manos en alto hacia un cordón policial. Los delitos que le imputó fueron abuso de armas y lesiones leves, agravadas por su condición de funcionario público.

El caso de Matus es el único de los ocho policías que incumbe al fiscal, puesto que el Ministerio Público no accionó contra el resto de los policías que están siendo juzgados. En cambio, la querella particular tiene el campo libre para avanzar contra los ocho hombres de la fuerza provincial.

Los siete policías restantes fueron imputados por los delitos de abuso de autoridad y encubrimiento agravado, en algunos casos ambas figuras y en otros sólo una de ellas.

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Los policías acusados son Carlos Salazar, jefe de la Policía de la Provincia al momento del homicidio de Fuentealba, Moisés y Adolfo Soto, Mario Rinzafri, Jorge Garrido, Aquiles González, Julio Lincoleo y Benito Matus.

Las audiencias continuarán este viernes desde las 8:30, donde se espera el testimonio de varias personas más que sumen sus miradas en este juicio que, de no mediar inconvenientes, continuará hasta el 14 de marzo.

En tanto, en el marco de las audiencias, en la explanada de la Ciudad Judicial, el gremio ATEN instaló la Carpa de la Memoria, en donde se hace un recorrido guiado de los 16 años de lucha. La pedagogía de la Memoria es una herramienta de lucha por justicia completa por Carlos Fuentealba y es empoderamiento social para que nunca más la represión sea la respuesta a las legítimas protestas, explicaron.

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"Cuando se habla de Neuquén, se habla de los docentes"

Al igual que la primera jornada del juicio, se destacó la presencia de organizaciones sociales, sindicatos, organismos de derechos humanos y docentes que llegaron de distintos puntos del país.

Este jueves estuvieron presentes Mariana Cattaneo, secretaria de Formación Política Sindical, y Martín Fioretti, subsecretario de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable de SUTEBA, quienes expresaron el valor y el papel de ATEN en la lucha y destacaron la coherencia a lo largo de los años en la búsqueda de justicia completa por Fuentealba.

“La muerte de Carlos es un hecho bisagra para la clase trabajadora y tenemos el compromiso de acompañar a aten en cada paso de esta lucha hasta lograr Justicia Completa”, expresó Catteneo. Agregó que las acciones y los niveles de organización de ATEN "son un ejemplo para quienes tenemos que encarar otras luchas”. Además se mostró emocionada por los testimonios escuchados durante el juicio sobre lo ocurrido el 4 de abril de 2007 en Arroyito.

Por su parte, Fioretti indicó que “hoy es un día histórico” y que este es el camino que buscaron desde un principio Sandra Rodríguez, esposa de Fuentealba, ATEN y la CTERA con el objetivo de que “se condene a quienes ejecutaron ese plan”. “Hoy están sentados en el banquillo los que toman las decisiones”, remarcó y aclaró que Neuquén "es un ejemplo en cuanto a lucha, y cuando se habla de Neuquén se habla de los docentes”.

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Los hechos

Los hechos que se juzgan ocurrieron el 4 de abril de 2007 durante una manifestación de los docentes bajo el paragua de ATEN en cercanías de la localidad de Arroyito. Allí el cabo Darío Poblete asesinó a Fuentealba con un disparo a quemarropa. El policía fue condenado a prisión perpetua por homicidio calificado con alevosía.

En otra causa que avanzó en paralelo, el Ministerio Público Fiscal investigó oportunamente las responsabilidades de otros efectivos y jefes policiales respecto del desarrollo del operativo. En 2009, el fiscal que llevaba la causa, Alfredo Velasco Copello, pidió el sobreseimiento de todos los acusados salvo de uno, Benito Ariel Matus, a quien imputó por dos hechos. El juicio nunca se concretó y, por extinción de la acción penal, todos los acusados fueron sobreseídos.

En 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó retomar la investigación y, con la causa adecuada al nuevo Código Procesal Penal de la provincia –entró en vigencia el 14 de enero de 2014- fijó las pautas para hacerlo. En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal vio limitado su accionar al único acusado en 2009, pero no así la querella particular.

El 25 de noviembre de 2021 -en una decisión que fue ratificada 13 de abril de 2022 - el juez de garantías Lucas Yancarelli habilitó la etapa de juicio. En el caso de Benito Ariel Matus, por abuso de armas y lesiones leves, agravadas por su condición de funcionario público; mientras que respecto de los efectivos Carlos David Salazar, Moises y Adolfo Soto, Jorge Bernabé Garrido, Mario Rinzafri, Aquiles González y Julio Lincoleo, la habilitación de instancia de juicio fue por abuso de autoridad y encubrimiento agravado, en algunos casos ambas figuras y en otros sólo una de ellas.