Iban a juzgarlos sin abogados y se canceló la audiencia: escándalo en el Poder Judicial por la causa Viento Sur

La audiencia de impugnación de la causa Viento Sur, prevista para este jueves 29 de octubre, fue cancelada. Así lo confirmaron las organizaciones sociales cuyos integrantes están imputados en el expediente, q ue atribuyeron la suspensión a su reclamo por la posibilidad concreta de que los seis acusados llegaran a la sala sin sus abogados defensores.

"Esta suspensión se produce luego de nuestro planteo sobre la gravedad de realizar la audiencia sin presencia de nuestros abogados", señalaron en un comunicado. Allí recordaron que habían pedido formalmente una prórroga de 15 días porque sus defensores no se encontraban en la región.

El Tribunal de Impugnación está encabezado por los jueces Federico Sommer, Estefanía Sauli y Richard Trincheri, "busca avanzar con una condena predeterminada, ignorando el debido proceso", reclamaron las organizaciones sociales.

En la causa viento Sur fueron sobreseídos también los exministros Abel Di Luca y Germán Chapino, aunque la Fiscalía apeló la decisión de la jueza Natalia Pelosso.

Sebastián Fariña Petersen

La polémica se desató cuando la oficina encargada de asignar las audiencias de impugnación fijó la fecha dentro del período en el que el abogado Fernando Diez había advertido que no podría asistir. Según la defensa, Diez había pedido por escrito, con meses de anticipación, que no se programaran audiencias entre el 27 de octubre y el 12 de noviembre.

"Los seis llegan sin defensa. Es una violación gravísima", había advertido a LM Neuquén el abogado Mariano Pedrero antes de conocerse la cancelación. Según su relato, las defensas pidieron la revisión de la decisión y la postergación, pero ambos planteos fueron rechazados porque la Fiscalía argumentó que una de sus integrantes tenía "un vencimiento".

"Cuando en la Fiscalía hay un equipo de siete fiscales y cualquiera tiene facultades para presentarse", cuestionó Pedrero. "Claramente se privilegiaron los intereses de la Fiscalía dejando sin abogados defensores a los imputados".

El abogado calificó la situación como "un hecho sin precedentes en una causa que tiene ya casi tres años" y fue más lejos: "En nuestra opinión esto solo puede estar pasando porque violan el derecho a defensa sin inconvenientes o tienen algún interés en mantener la integración de un tribunal con un juez que ya fue recusado por una de las defensas".

Alerta y movilización

Lejos de dar por cerrado el conflicto, las organizaciones endurecieron su postura. En el comunicado sostuvieron que la insistencia previa de la Fiscalía y de la oficina judicial en sostener la fecha, aun conociendo la ausencia de los abogados, "pone en tela de juicio la imparcialidad de la resolución".

Según su lectura, eso deja en claro que "el verdadero objetivo es anular la resolución previa de la jueza Pelosso".

También remarcaron que la magistrada fue contundente al resolver que no hubo desvío de fondos ni enriquecimiento. "Ante esta situación, nos mantenemos en estado de alerta y movilización", advirtieron.

La audiencia suspendida es la instancia en la que el Tribunal de Impugnación debe revisar el fallo de la jueza de garantías Natalia Pelosso. El 5 de octubre, Pelosso sobreseyó a los exministros de Desarrollo Social Abel Di Luca y Germán Chapino y dejó a Diego Mauro, referente de la cooperativa, como el único acusado en condiciones de enfrentar un juicio.

Las organizaciones sociales afuera de Ciudad Judicial en apoyo a la cooperativa Viento Sur.

Sebastián Fariña Petersen

De los seis imputados de la cooperativa, cinco quedaron fuera del juicio porque la jueza aceptó la suspensión del juicio a prueba. Mauro quedó acusado de administración fraudulenta, aunque también obtuvo sobreseimientos parciales sobre algunos de los movimientos investigados. Además, la resolución descartó la hipótesis de una connivencia entre funcionarios provinciales y la cooperativa y no aceptó la coautoría planteada por la Fiscalía.

El fiscal jefe Pablo Vignaroli impugnó la decisión con el objetivo de que el Tribunal de Impugnación la anule y el caso llegue a juicio oral con todos los acusados.

Una causa por más de 1.200 millones

La investigación se originó por fondos públicos transferidos a una cooperativa para un programa de capacitación laboral destinado a integrantes de organizaciones sociales. Los hechos se ubican entre 2022 y 2023, durante la gestión de Omar Gutiérrez. Según la acusación, la cooperativa agrupa a integrantes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y del Polo Obrero.

El perjuicio calculado por la Fiscalía asciende a 1.208.657.600 pesos a valores históricos. Los acusadores sostienen que los pagos se hicieron pese a dictámenes desfavorables de la Contaduría General de la Provincia y que se aceptaron rendiciones incompletas o inconsistentes.

Las defensas rechazan esa hipótesis. Sostienen que no hubo delito porque los pagos a personas particulares estaban previstos en el decreto que creó el programa.

La resolución de Pelosso no está firme y todos los imputados mantienen su estado de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva.