Investigarán a un exintendente del Alto Valle por el destino de un desembolso millonario

Tras el juicio al exintendente Juan Reggioni por administración fraudulenta y uso de documento ideológicamente falso en el manejo del plan nacional de viviendas ACU994, la causa judicial abrió un nuevo capítulo: el fiscal jefe Gustavo Herrera confirmó que investigará al actual funcionario del IPPV, Mariano Lavin, quien asumió como intendente de Fernández Oro en diciembre de 2015.

La investigación se centrará en el cuarto y último desembolso del plan de viviendas, que se concretó en marzo de 2016, ya con Lavin al frente del Ejecutivo municipal. Se trata de fondos nacionales enviados para construir 12 viviendas en la localidad, proyecto que finalmente solo alcanzó a completar seis unidades. Durante el juicio a Reggioni, se constató que ese dinero —cerca de un millón de pesos en ese momento— no pudo ser plenamente justificado ni se presentó documentación que acreditara su destino final.

La suma no es menor: en valores de hace casi una década, un millón de pesos representaba un monto considerable en términos de obra pública y ejecución municipal. Sin embargo, su trazabilidad se vio afectada por la mezcla con partidas de otros planes habitacionales, como el programa nacional “Techo Digno”, lo que generó un importante desorden contable. El tribunal subrayó que la falta de documentación y de registros claros por parte del municipio deberá ser motivo de una investigación específica.

Además de las dudas sobre el uso de los fondos, Lavin podría enfrentar cargos por presunto falso testimonio. Su declaración durante el juicio fue objetada por el defensor de Reggioni, Rodrigo Martínez, ya que no coincidió con la brindada por la escribana que intervino en la certificación de documentos. El fiscal Herrera no descartó que esa contradicción derive en una causa penal aparte.

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Lavin y Reggioni, enfrentados en la causa judicial por las viviendas.

Durante el juicio a Reggioni, se dejó en claro que el cuarto desembolso fue habilitado en base a una declaración jurada que sobrestimaba el avance de obra. Aunque esa presentación fue realizada bajo la gestión de Reggioni, el dinero se recibió durante el gobierno de Lavin, quien tuvo a su cargo su ejecución y administración.

El tribunal que juzgó a Reggioni concluyó que no se investigó la ruta del dinero de ese cuarto desembolso y señaló que el análisis de responsabilidades debía continuar, dada la falta de claridad sobre el destino de los fondos y las inconsistencias administrativas detectadas.

Con este nuevo foco, la causa por el fallido plan de viviendas en Fernández Oro continúa ampliándose. Mientras se espera la etapa de determinación de pena para Reggioni, ahora será Lavin quien deberá dar explicaciones ante la justicia por su rol en los hechos ocurridos al inicio de su mandato.

Reggioni culpable por fraude en el mismo plan de viviendas

El exintendente de Fernández Oro, Juan Oscar Reggioni, fue declarado culpable de administración fraudulenta agravada contra la administración pública y uso de documento ideológicamente falso, en el marco del juicio por presuntas irregularidades en el manejo de un plan nacional de viviendas entre 2014 y 2015. No se pudo comprobar que se haya quedado con el dinero del Estado.

La sentencia se conoció este lunes y marca un hito en la causa vinculada al proyecto habitacional ACU994, que preveía la construcción de doce viviendas con financiamiento de Nación.

El tribunal dio por acreditado que Reggioni presentó una declaración jurada adulterada que informaba un 75% de avance de obra, cuando en realidad solo se habían ejecutado seis viviendas, es decir, la mitad de lo comprometido. Ese documento fue clave para destrabar el cuarto y último desembolso de fondos nacionales, previsto en el convenio firmado entre el municipio y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

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El ex intendete de Fernández Oro fue declarado culpable y ahora espera por la condena en el juicio de Cesura.

Anahí Cárdena

La resolución judicial también tuvo impacto sobre el resto de los imputados, entre ellos tres presidentes de cooperativas y una intermediaria, quienes fueron absueltos. En todos los casos, el tribunal entendió que no existían pruebas suficientes o que la acusación no se había sostenido durante el proceso judicial.

Fabio Huenchunao, presidente de una de las cooperativas, fue absuelto a pedido del fiscal jefe, quien consideró que actuó como un ejecutor sin capacidad de decisión. Con ese mismo criterio, también se absolvieron a Diego Quintero y Luis Méndez, presidentes de otras dos cooperativas. El tribunal cuestionó que se mantuviera una acusación sin fundamentos sólidos. Carina Marín, señalada como nexo informal entre el municipio y las cooperativas, también fue absuelta.