Juicio por la explosión en Aguada San Roque: el rol que cumplía cada uno de los imputados

El fiscal Gastón Liotard, que dio inicio al juicio por las tres muertes en la explosión de la escuela de Aguada San Roque, cree que hubo omisiones administrativas en cadena, que generaron la tragedia el 29 de junio de 2021.

La causa tiene seis imputados, entre ellos dos empresarios: el socio gerente de Arte Construcciones, Héctor Villanueva Montalbán y el representante técnico, arquitecto Diego Bulgheroni. La compañía es la que ganó la licitación privada para la ampliación de la Escuela 144.

También Roberto Deza está imputado por el presunto delito de administración fraudulenta, en perjuicio de la administración pública. Era subsecretario de Obras Públicas del gobierno de Omar Gutiérrez.

Juicio Aguada San Roque

Los seis imputados por la explosión de la escuela de Aguada San Roque. Son dos empresarios y cuatro exfuncionarios.

Sebastián Fariña Petersen

Raúl Capdevila, director provincial de Obras Públicas, está acusado por estrago culposo agravado, con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y Carlos Córdoba, director de Obras Públicas, acusado también por el mismo delito.

Por último, Sergio Percat, director de Obras Contratadas, acusado por estrago culposo agravado en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real, con falsificación ideológica de documento público.

Aguada San Roque: negligencia y controles en la mira

La teoría de la Fiscalía es que hubo negligencia, que se emitió un certificado de final de obra de la escuela, sin que precisamente los trabajos estén terminados. Todo para que la empresa pueda cobrar un pago de casi 500 mil pesos, a valores de hace tres años.

En la causa hubo un actor clave que se benefició con una suspensión de juicio a prueba: Eduardo Afione, quien era un “representante” de la empresa constructora, según los familiares de las víctimas.

La querella del gremio docente ATEN representa a las familias de Mónica Jara y Mariano Spinedi, a través de los abogados Darío Kosovsky y Emanuel Roa Moreno. La familia del gasista Nicolás Francés está representada por el abogado Federico Egea.

Juicio Aguada San Roque

El secretario general de ATEN provincial, Marcelo Guagliardo declaró como testigo querellante en la muerte de la docentes Mónica Jara.

Sebastián Fariña Petersen

La querella sostuvo que el plazo de obra estipulado en la escuela era de 180 días corridos, a partir del 8 noviembre de 2019, pero con la pandemia transcurrieron 552 días. Y el 12 de marzo de 2021, la subsecretaría de Obras Públicas de la provincia, con el apuro de comenzar las clases, emitió un certificado de final de obras por el 100% de los trabajos realizados.

“Nosotros entendemos que hubo una sumatoria de omisiones, principalmente en lo que hace el estrago, que produjeron lo que produjo. Cada imputado puso su cuota de omisión y de no control para que suceda lo que sucedió. Es un delito culposo. Es un delito omisivo”, dijo el fiscal en diálogo con LMNeuquén.

Y acotó: “Circunstancia por la cual nosotros iremos probando a lo largo de todas las jornadas de debate que estas omisiones así sucedieron y terminaron potenciando el riesgo y generando lo que generó, esto es desgraciadamente la muerte de tres personas”.

La obra de la escuela consistía en la ampliación de aulas, un nuevo Salón de Usos Múltiples y la construcción de casas albergues para los docentes, precisamente donde iba a residir la fallecida maestra Mónica Jara.

Para la querella, el dueño de la empresa, Héctor Villanueva Montalbán de Arte Construcciones SRL es quien debería haber garantizado los plazos de obra y el cumplimiento del contrato, compró los materiales para la obra y contrató a Afione con su cuadrilla para terminar la obra y es quien debía cumplir con las normas, y el decreto reglamentario.

Diego Bulgheroni era quien tenía a su cargo la conducción técnica, los momentos clave de la obra, como la presentación de planos y la contratación de los obreros y seguros.

La ruta de la obra pública

Roberto Deza, subsecretario de Obras Públicas, era el encargado de hacer cumplir los objetivos y liberar los certificados de avance de obra, de acuerdo a la información que se subía desde los subalternos, ya sea de Rubén Capdevila, director provincial de Obras Públicas y Carlos Córdoba, que ejercía el cargo de director.

Para la querella y la fiscalía, la omisión del seguimiento de la obra y los controles y el hecho de haber emitido un certificado final de obra (se pagó la obra completa a la empresa después de la explosión) generó un clima de riesgo.

Defensa: "No es un juicio laboral"

Para la defensa, la responsabilidad de los acusados es nula en el juicio, ya que rechazaron de plano los argumentos de la fiscalía y la querella, al no encontrar el nexo causal que causó la explosión, más allá del entramado administrativo.

“El gasista estaba en la obra cuando se produjo la explosión, no sólo estaba trabajando, lo hacía sobre los calefactores con más razón, considerando que hay una persona matriculada que maneja el de riesgo, hay que tener necesariamente el punto de inicio, o nexo causal. Y no está clara la acusación”, dijo el defensor Juan Manuel Coto.

El abogado les recalcó a los jueces que el marco de las acusaciones es un juicio penal. “Si esto fuese un juicio laboral o administrativo podríamos repasar todo este catálogo, pero no es así”, dijo.