El pasado jueves se realizó un debate en Neuquén, organizado de manera conjunta por la Universidad de Flores (UFLO) y la filial Neuquén de Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP).
Un interesante encuentro de debate tuvo lugar el pasado jueves en la ciudad de Neuquén, organizado de manera conjunta por la Universidad de Flores (UFLO) y la filial Neuquén de Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP). La convocatoria reunió a dirigentes políticos, referentes sindicales, docentes especializados en derecho laboral y público interesado en una de las discusiones estructurales que atraviesan hoy a la Argentina: la reforma laboral.
En representación de quienes impulsan la modernización del régimen laboral expusieron el senador nacional por La Libertad Avanza, Pablo Cervi, y el diputado nacional Gastón Riesco. Ambos defendieron la iniciativa del presidente Javier Milei, orientada a modificar normas que rigen, con cambios marginales, desde hace más de cincuenta años.
Minutos más tarde, sobre el mismo escenario, se escucharon las voces del sindicalismo neuquino. Carlos Quintriqueo (ATE), Ramón “Colo” Fernández (empleados de comercio) y Antonela Cutuli (UPCN) presentaron sus argumentos en contra de la reforma, alertando sobre una posible pérdida de derechos laborales y de capacidad de representación de los trabajadores.
Las posturas contrapuestas anticiparon lo que será un debate profundo, intenso y transversal en la sociedad argentina, del cual, lamentablemente, todavía se conoce poco más que consignas.
La reforma laboral aparece como uno de los ejes centrales del nuevo ciclo político en una Argentina que, para bien o para mal, busca cambios a los sucesivos fracasos que no han permitido el desarrollo económico durante décadas.
Entre los puntos abordados durante el encuentro se discutieron los límites al ejercicio de la representatividad sindical, con propuestas que apuntan a reducir horas gremiales, cargos y licencias; el reemplazo del aporte sindical obligatorio por uno optativo; y la creación de un fondo de desempleo. También se plantearon cambios en el concepto de remuneración y una flexibilización del régimen de indemnizaciones por despido, que podrían ser abonadas en cuotas por el empleador.
En ninguno de estos temas se alcanzaron consensos. El intercambio fue, en términos políticos, blanco o negro: la grieta argentina expuesta en su máxima expresión.
El único punto de coincidencia entre las partes fue el objetivo de incorporar al mercado formal de trabajo al casi 60% de los trabajadores que hoy se desempeñan en la informalidad. Se trata de una cifra escalofriante. Sin embargo, ese acuerdo quedó solo en el diagnóstico: ni las causas de la informalidad ni las herramientas para revertirla lograron un mínimo consenso entre los sectores en pugna.
Por fuera de las posiciones políticas enfrentadas, los docentes de abogacía en UFLO, Nicolás Tadeo y Carla Núñez, realizaron aportes de carácter académico, contextualizando el marco normativo vigente y analizando posibles escenarios de reforma desde una perspectiva técnica y jurídica.
La discusión de fondo
El telón de fondo de esta y de futuras reformas es la necesidad de reducir el llamado “costo argentino”.
Entre los múltiples indicadores que sostienen esta afirmación, uno de los más gráficos es el Índice Big Mac, que compara el precio de la hamburguesa más famosa del mundo: Argentina aparece como el segundo país más caro, solo detrás de Suiza.
La discusión de fondo es inevitable: ¿dónde está el costo argentino? ¿Qué hace que un mismo producto sea significativamente más barato en otros países que en la Argentina? La lógica económica sugiere que altos costos de producción reducen márgenes de ganancia, desalientan inversiones y, en consecuencia, limitan el crecimiento.
Las explicaciones para los altos costos suelen oscilar entre tres grandes factores: el costo laboral y la llamada “industria del juicio”; la supuesta avaricia de los empresarios, propietarios de los medios de producción; y la elevada presión tributaria derivada de impuestos nacionales, ingresos brutos y tasas municipales. Probablemente, la respuesta correcta sea una combinación de los tres.
Según un documento de la Unión Industrial Argentina (UIA), titulado “Tasas municipales: un tributo invisible que pagamos todos”, la Argentina lidera el ranking de presión fiscal subnacional sobre el sector formal. Junto con Italia, es uno de los pocos países con doble imposición, aunque en el caso argentino el impuesto a los Ingresos Brutos resulta hasta 200 veces más alto y las tasas municipales superan en un 400% a las de otros países.
En este contexto, el presidente Javier Milei dejó entrever que los impuestos y el costo laboral por si solos, no explican mayores costos cuando apodó como “Don Chatarrín” a Paolo Rocca, quizá el empresario más poderoso del país, luego de que Techint perdiera la licitación para la provisión de tubos que unirán Vaca Muerta con los puertos de Río Negro. El episodio fue leído por muchos como un leading case del nuevo modelo económico que el Gobierno busca instalar.
Está claro entonces que una reforma laboral, por sí sola, no resolverá el problema del costo argentino. El empleo no depende de una única variable, sino de un conjunto de condiciones macroeconómicas. Basta recordar que entre 2002 y 2007 la Argentina atravesó su último período de crecimiento sostenido, conviviendo incluso con una doble indemnización por despido. Un dato incómodo que obliga a complejizar el debate más allá de los eslóganes.
La excepción a la regla: Vaca Muerta
Esta discusión se pone muy interesante cuando se la contrasta con la experiencia de Vaca Muerta. Lejos de ser un ejemplo de falta de competitividad, el desarrollo no convencional neuquino muestra indicadores que lo ubican entre los más competitivos a nivel internacional, incluso pagando salarios sustancialmente más altos al de cualquier sector económico en el país.
Estudios de consultoras especializadas han señalado que los pozos de shale en Vaca Muerta alcanzan niveles de productividad iguales e incluso superiores a los de la cuenca Permian, en Estados Unidos, referencia global del sector.
En Neuquén los costos operativos y los puntos de equilibrio técnico se han reducido de manera sostenida en los últimos años, al punto de desmentir la idea de que producir en la provincia sea más caro que en otros países productores. En la historia de Vaca Muerta puede observarse que además de la eficiencia del yacimiento, influyen en gran medida en el entorno macroeconómico, fiscal y regulatorio que rodea a la actividad tanto a nivel nacional como provincial.
El resultado es que, aunque Argentina es cara en dólares y Neuquén lo es aún más, Vaca Muerta no lo es.
Vaca Muerta expone así una posible respuesta a las discusiones que hoy no encuentran coincidencia alguna en Argentina. Cuando hay escala, productividad, reglas relativamente estables y horizonte de inversión, la Argentina puede competir de igual a igual con los mejores del mundo. El problema no está en la capacidad productiva ni en el talento, sino en un entramado de costos, regulaciones e incentivos que, fuera de esas excepciones, asfixia al resto de la economía. Tal vez el verdadero desafío no sea discutir si la reforma laboral es buena o mala, sino si la política argentina está dispuesta a ponerse objetivos claros y en torno a ellos construir un marco integral que permita que lo que hoy funciona como excepción en Neuquén deje de serlo y se convierta, finalmente, en la regla.
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