La defensa de la familia confirmó que la conductora del patrullero fue imputada y que la causa podría llegar a juicio antes de cumplirse un año del hecho.
La causa judicial por el atropello de Catalina Galcerán, la niña de 9 años embestida por un patrullero en Plottier, ingresó formalmente en una nueva etapa procesal. Tras conocerse la imputación de la policía que conducía y los plazos de investigación, se supo cuáles son los siguientes pasos que dará la familia de la pequeña.
El abogado de la familia, Joaquín Imaz, recordó que recientemente se formularon cargos contra la agente Camila Esperanza, quien conducía el vehículo al momento del hecho. “Se imputó el delito con una pena agravada que tiene un mínimo de dos años y un máximo de cuatro”, explicó el letrado.
Actualmente, el expediente se encuentra en la etapa de investigación penal preparatoria. Según detalló Imaz, el Ministerio Público cuenta con un plazo de cuatro meses para reunir prueba y avanzar hacia la instancia de juicio.
“Tenemos por delante cuatro meses de investigación y después avanzar finalmente hacia el juicio”, señaló el abogado. Si bien los tiempos judiciales pueden extenderse, la expectativa de la querella es que el proceso no se dilate de manera significativa. “Calculamos que antes de que se cumpla un año del accidente vamos a tener sentencia”, afirmó.
En cuanto a la solidez de la acusación, Imaz sostuvo que los elementos técnicos son contundentes. “Los hechos están probados, están muy claros. Hay tres hechos graves: una policía que conducía con exceso de velocidad —más del doble de lo permitido—, sin balizas y sin tener en cuenta las circunstancias del lugar, es decir, la presencia de niños”, explicó.
Para la representación legal de la familia, desde el punto de vista técnico, la causa no presenta mayores complejidades probatorias.
La situación civil y el reclamo económico, ¿contra quiénes se dirige la acción?
Más allá del proceso penal, la familia de Catalina enfrenta una situación económica delicada. Desde el accidente, sus padres permanecen abocados de manera exclusiva al acompañamiento y recuperación de su hija, lo que implicó dejar de lado actividades laborales y reorganizar por completo su vida cotidiana.
En ese contexto, el estudio jurídico trabaja también en el plano civil. “Estamos trabajando en una acción preventiva de daño”, indicó Imaz.
Se trata de una herramienta prevista en el Código Civil para situaciones excepcionales, que permite reclamar medidas antes de que exista una sentencia definitiva. “No hay condena sin juicio previo, pero el Código Civil contempla esta acción para supuestos muy excepcionales como este”, explicó.
El objetivo es que se garantice una cobertura económica frente a los gastos extraordinarios que demanda la atención médica y la permanencia constante de los padres junto a la niña.
Sobre los responsables en términos civiles, Imaz fue claro: “Contra los responsables”. Según detalló, la cadena de responsabilidad incluye distintos actores. En primer lugar, la conductora del patrullero como responsable directa del hecho. Pero además, se incorpora la responsabilidad institucional.
“Tenemos varios responsables: responsables directos, que son la policía, pero también la responsabilidad del Estado y la responsabilidad del seguro que tenía la policía contratada, que también es responsable civilmente de manera subsidiaria”, explicó.
Desde el punto de vista jurídico, cuando se habla de Policía y Estado, se trata de la misma estructura administrativa. “Cuando se dice Policía y Estado, son lo mismo”, aclaró el abogado.
En caso de que la sentencia penal quede firme, la acción civil avanzará en dirección a esos actores: la persona sindicada como responsable, el Estado provincial en su carácter de empleador y titular del servicio, y la compañía aseguradora correspondiente.
Un caso de alto impacto público
El caso generó una fuerte repercusión social no solo por la gravedad de los hechos, sino también por la situación de Catalina, una niña de 9 años que atravesó múltiples intervenciones médicas y hoy continúa su rehabilitación.
“Catalina es una niña inocente y completamente ajena a todas las circunstancias”, expresó Imaz. También subrayó el esfuerzo de la familia: “Hace más de tres meses que los padres no se separan un segundo de su lado. Están siendo también un soporte vital”.
El acompañamiento permanente, explicó, es clave en procesos de recuperación complejos como el que atraviesa la menor.
En lo inmediato, la causa penal continuará con la producción de prueba durante los próximos cuatro meses. Concluida esa etapa, el expediente quedará en condiciones de ser elevado a juicio.
Si los plazos previstos se cumplen, la sentencia podría conocerse antes de que se cumpla un año del accidente.
En paralelo, la vía civil buscará determinar las responsabilidades patrimoniales y garantizar que la familia cuente con el respaldo económico necesario frente a una situación que cambió su vida por completo.
Mientras la recuperación de Catalina avanza paso a paso, el proceso judicial comienza a definir responsabilidades y a encaminar una causa que combina dimensiones penales, civiles e institucionales.
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