Penas a funcionarios de Aguada San Roque: los años de cárcel que pidieron para cada uno

Este jueves se llevó adelante la cuarta jornada del juicio de cesura a los culpables de la explosión y muerte de la Escuela 144 de Aguada San Roque, donde se conocieron las penas que pidió el Ministerio Público Fiscal. En este caso, el fiscal Gastón Liotard pidió penas ejemplares para los cinco condenados por la explosión de aquel 29 de junio de 2021, donde fallecieron la docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Francés y su sobrino Mariano Spinedi, queden impunes con penas bajas.

Este viernes se sabrá el monto de las penas a cargo de los jueces Maximiliano Bagnat, Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo. Desde ATEN piden que las penas sean ejemplares, en este marco de "tolerancia cero" a la falta de transparencia en el Estado.

"Hubo corrupción y todo tipo de incumplimientos de procedimientos que ignoraron deliberadamente. La pena debe ser ejemplar", dijo el titular de ATEN provincial a LM Neuquén, Marcelo Guagliardo. "Hubo corrupción y todo tipo de incumplimientos de procedimientos que ignoraron deliberadamente. La pena debe ser ejemplar", dijo el titular de ATEN provincial a LM Neuquén, Marcelo Guagliardo.

"Es como el Leviatán de Hobbes, estas personas utilizaron el Estado para defraudar", sentenció Liotard, luego de un argumento extenso para pedir prisión efectiva para funcionarios y empresarios que participaron de la ampliación de la escuela, donde ocurrió la trágica explosión.

En este sentido, Liotard pidió 4 (cuatro) años de prisión efectiva para Héctor Villanueva de 73 años, dueño de la empresa Arte Construcciones SRL, que fue la pena más baja, por el delito de estrago culposo. Después Raúl Capdevila (director provincial de Obras Públicas), Carlos Córdoba (director de Obras Públicas), con 4 años y seis meses de prisión efectiva a cada uno de ellos por el mismo delito, además de la inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Penas de la Fiscalía y Querella: qué pidieron para cada uno

Para el arquitecto Diego Bulgheroni de la empresa, además de docente, se le pidió 5 (cinco) años de prisión efectiva y para Sergio Percat (director de Obras Contratadas), el fiscal Liotard pidió 6 (seis años) e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La querella, compuesta por los abogados Emanuel Roma Moreno, Darío Kosovsky y Federico Egea pidieron penas más duras. Roa Moreno se mostró molesto con la actitud del estado provincial de no realizar sumarios a los funcionarios condenados de la explosión, y comparó la situación, con una metáfora del fútbol.

"Hubo corrupción y todo tipo de incumplimientos de procedimientos que ignoraron deliberadamente. La pena debe ser ejemplar" - Marcelo Guagliardo, titular de ATEN. "Hubo corrupción y todo tipo de incumplimientos de procedimientos que ignoraron deliberadamente. La pena debe ser ejemplar" - Marcelo Guagliardo, titular de ATEN.

"Los jugadores de fútbol hacen goles y benefician a alguien, y los funcionarios públicos también, por eso están ahí”, dijo Roa Moreno, en relación con los jugadores denunciados por violencia (como el caso de Sebastián Villa) que tuvieron protección temporaria de los clubes. “Son los funcionarios con mayores estabilidad en la esfera del ejecutivo y son los mismos que por una escuela que explotó, no hicieron ninguna investigación interna”, remató.

Roa Moreno señaló cuáles son las pretensiones punitivas y “se despegan” de lo que pidió el Ministerio Público Fiscal, a pedido de las familias y de ATEN. Para Sergio Percat, pidó 9 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua y especial por ser ingeniero por 10 años. En tanto que para el arquitecto Diego Bulgheroni 8 años de cumplimiento efectivo, y 10 años de inhabilitación.

Raúl Capdevila, 8 años de prisión, inhabilitación absoluta para ejercer la función pública y la especial para ejercer como maestro mayor de obras por 10 años. Carlos Córdoba, 8 años de prisión efectiva y 10 años de habilitación. Y el empresario Héctor Villanueva, 6 años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento, aunque consideraron desde la querella, su edad.

También pidieron la posibilidad que el Ministerio de Salud se haga un relevamiento del “estado psicosocial” de las personas afectadas por la explosión. “Entendemos que las consecuencias que quedaron en el grupo pueden ser amplias”, sostuvo.

En el caso de la defensa, los abogados Juan Manuel Coto y Gonzalo Rodríguez sostuvieron que no hay agravante para los condenados y pidieron dos años de prisión para sus defendidos, de manera condicional.