Planes sociales y ñoquis en el Estado: cómo siguen las auditorías del Gobierno

El gobierno provincial continúa con el proceso de auditorías iniciado a fines del año pasado que, entre otras irregularidades, detectó cientos de "ñoquis", es decir, empleados públicos que cobraban sus sueldos, pero no asistían a sus lugares de trabajo. En ese marco, también se revelaron inconsistencias en el dinero utilizado por las organizaciones sociales a través de la cooperativa de trabajo.

El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, brindó detalles sobre la continuidad de las auditorías e informó que siguen notificando a los empleados para que justifiquen sus inasistencias y devuelvan el dinero cobrado. Finalizada esta etapa, avanzarán con sumarios y, de corresponder, las cesantías en los puestos.

"Se han enviado cartas documento a distintos empleados públicos que no se han presentado a trabajar. Lo está llevando adelante el área de optimización junto con Recursos Humanos", informó en diálogo con LU5. El funcionario dijo que todavía "se le está pidiendo la documentación" a las personas "que estaban prestando un servicio, ya sea dentro de un organismo del Estado o descentralizado" con el objetivo de "justificar si había una adscripción o una certificación".

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Sebastián Fariña Petersen

"En caso de que no se encuentre ninguna justificación, por supuesto se tiene que avanzar con la cesantía. Con aquel que no pueda presentar la documentación, se va avanzar pidiendo la devolución de la plata y, después, con la cesantía. No cabe en ningún lugar que una persona esté cobrando en el Estado y no esté yendo a trabajar a ningún lado", subrayó Castelli y marcó que "si hay una defraudación al Estado, por supuesto que la fiscalía de Estado va a avanzar en la cuestión penal".

Potenciar Trabajo y organizaciones sociales

A fines de diciembre pasado, una investigación del fiscal federal Guillermo Marijuán determinó que más de nueve mil empleados públicos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eran beneficiarios del Potenciar Trabajo en un claro hecho de incompatibilidad. En Neuquén, se detectaron 343 personas en esa situación.

Respecto a esto, Castelli aclaró que el gobierno provincial no tiene acceso a la causa porque es del fuero federal. "En su momento nosotros tuvimos que brindarle toda la información de todos los empleados públicos de la provincia, de las distintas modalidades, para que ellos hagan en el cruce. Entiendo que Marijuán va a avanzar, como lo estamos haciendo nosotros en un principio, por la vía administrativa", señaló.

Marijuan acreditó la identidad de al menos 8.535 empleados de 10 provincias que eran beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y solicitó en noviembre pasado las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cruzarlas con el padrón del plan social.

Marijuan los acusa de “la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública; así como también contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que por sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.

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Por otra parte, a principios de febrero, Castelli acusó a la cooperativa Viento Sur -a través de la cual las organizaciones sociales recibían fondos para capacitaciones- de recibir una cifra millonaria de la administración provincial anterior y no rendir cuenta por esos fondos. Además, aseguró que figuraban pagos con tarjeta de crédito, la compra de una camioneta y tres millones de pesos en chorizos.

Este martes, el funcionario provincial recordó que en este caso no se avanzó en una denuncia penal, pero las maniobras son investigadas por la Fiscalía de Estado. "A través del informe que realizó Hacienda en su momento, de la inconsistencia de las rendiciones, ha tomado la decisión de oficio de solicitarle a cada una de ellas la rendición durante los últimos 12 meses que han percibido estos aportes no reintegrables, estas transferencias que hace el Estado directamente a las cuentas de cada uno de ellos", expresó y recordó que, al asumir en su puesto como funcionario, se encontró con las rendiciones de los últimos dos meses y "fue justamente las que me llevaron a una decisión de no continuar con este convenio de capacitación".