Presión de la Corte por el Defensor del Pueblo nacional: ¿Tendrá impacto en Neuquén?

En agosto pasado, la Suprema Corte de Justicia exhortó al Congreso de la Nación que acelere la designación del Defensor del Pueblo, un cargo que no volvió a cubrirse desde 2009 y que en su momento tuvo un papel decisivo al buscar que se aplicara a todos los jubilados el criterio de movilidad salarial fijado por la Corte en favor de Adolfo Badaro, un caso que precisamente es conocido como “fallo Badaro”.

La causa había sido promovida en 2007 por el entonces defensor del Pueblo, Eduardo Mondino. Al quedar vacante el cargo, la Corte advirtió que el trámite judicial se vio condicionado a falta de un “ombudsman” que pudiera adaptar la demanda a los requisitos fijados por el propio alto tribunal para este tipo de procesos.

Desde 2009 hasta ahora el Congreso no pudo ponerse de acuerdo para designar un defensor, una función que solía molestar a la Casa Rosada con sus planteos, en especial de ciudadanos que no tienen otra vía para hacer respetar sus derechos.

Por esa razón, la semana pasada se reactivó en el Congreso la Comisión Bicameral que busca cubrir el cargo con la recepción de propuestas, que se extendería desde este miércoles 17 de septiembre hasta el 8 de octubre, es decir en pleno proceso electoral de cara a los comicios parlamentarios del mes que viene.

La Defensoría es un organismo independiente que tiene como fin la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos, y es la única Institución Nacional de Derechos Humanos reconocida por Naciones Unidas en la Argentina.

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Eduardo Mondino, último Defensor del Pueblo nacional.

El último en ejercer el cargo -entre 1999 y 2009- fue el peronista Mondino. La institución fue creada en 1993 por ley y, con la reforma de 1994, adquirió rango constitucional. La Defensoría solo tuvo dos representantes, desde el ’94 al 2009, y el predecesor de Mondino fue Jorge Luis Maiorano.

El caso neuquino

En la reforma constitucional de 2006, Neuquén también creó el cargo de Defensor del Pueblo provincial, que aún no sido puesto en marcha. El año que viene se cumplirán 20 años de mora en la Legislatura, que es la encargada de llevar a cabo la designación.

Los constituyentes previeron en el artículo 265 que el Defensor del Pueblo de la Provincia es un órgano independiente instituido en el ámbito del Poder Legislativo, que actúa con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad y con autarquía financiera. Su titular es designado y removido por la Legislatura, con el voto de los tres quintos (3/5) de la totalidad de los miembros. La designación se hace entre aquellos postulantes previamente inscriptos. Goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores y percibe la misma retribución que no puede ser disminuida. Dura en su cargo cinco (5) años y no puede ocuparlo nuevamente. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos y garantías.

Desde entonces se han presentado en la Cámara aproximadamente una docena de proyectos que tienen como objetivo terminar con semejante dilación. Los dos últimos fueron promovidos por los anteriores mandatos que desempeñaron los actuales legisladores César Gass y Carlos Coggiola, respectivamente.

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La Legislatura de Neuquén tuvo un encendido debate por el desalojo mapuche.

La anterior administración provincial pareció haber dado señales favorables a la creación de la Defensoría provincial, pero todos los intentos fracasaron por las diferencias que existían en el entonces bloque oficialista del MPN.

La actual Legislatura, no tiene, por ahora, agendada la creación del cargo.

Pero esta no es la única tardanza de la Legislatura en relación a la reforma constitucional de 2006. Otros cinco institutos tendrían que estar en marcha desde hace 19 años para permitir a la ciudadanía tener mayor protagonismo en la toma de decisiones: la consulta popular vinculante y la no vinculante, la iniciativa popular, la audiencia pública y la revocatoria de mandatos.

Si bien la solicitud de la Corte Suprema al Congreso fue en términos de exhortación, no dejó deja de ser un elemento de presión a los legisladores nacionales, al punto que rápidamente retomaron el proceso para la cobertura del cargo. ¿Tendrá este episodio alguna repercusión en Neuquén? Probablemente no sea al caso, al menos hasta que pasen las elecciones del 26 de octubre.