Se profundiza la crisis penitenciaria

Semana a semana se hace cada vez más profunda la crisis carcelaria en Neuquén y de a poco aparecen nuevos actores y más derechos vulnerados y negados tras las rejas de los hacinados penales provinciales.

La falta de un proyecto claro tras el canje de la cárcel de Senillosa por los céntricos terrenos de la U9 dejaron al sistema penal contra las cuerdas.

Solo era cuestión de tiempo para que las cárceles provinciales comenzaran el proceso de saturación y pese a la buena voluntad de algunas autoridades judiciales, los oídos sordos de la política hicieron que todo fundiera en un hacinamiento anunciado.

Las juezas de ejecución quedaron contra las cuerdas cuando comenzaron a llegar los pedidos de defensores públicos y particulares sobre el avasallamiento de derechos. Vale recordar que las personas privadas de la libertad el único derecho que pierden es el de circular libremente, el resto está garantizado por la Constitución Nacional, tratados y convenciones internacionales.

Cárcel de Senillosa

Fue así que se terminaron cerrando las cárceles y sin soluciones edilicias a la problemática, la saturación escaló a las alcaidías y ahora se profundiza la crisis con la negación de derechos tales como la educación que fue lo último que se denunció en fiscalía.

Hay que dejar en claro que fue la propia jueza de ejecución del interior, Alicia Rodríguez, la que denunció a un comisario mayor de incumplir con una orden judicial para que los internos que están en Chos Malal puedan tener clases y ahora se sumó una denuncia de una defensora particular contra la cúpula de educación en el mismo sentido.

La situación es insostenible y solo resta ver qué posición toma la titular del Ministerio Público de la Defensa, Vanina Merlo, que durante su gestión como ministra de Seguridad fue parte del canje de Senillosa sin plan B.

Ahora, Merlo tendría que exigir al Ejecutivo, del cual formó parte, que garantice los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. ¿Se animará?