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Tiempo final para las hidroeléctricas: ¿Vuelven al Estado?

Elías Sapag, representante de la AIC por Neuquén, reiteró que Nación no quiere dialogar. "Si se prorrogan las concesiones, tiene que haber un acuerdo", dijo.

Se acaba el año y el tema de las concesiones hidroeléctricas que vencen en 2023, ya es parte casi del pasado. El gobierno nacional puede prorrogar los contratos, más allá de que las provincias de Neuquén y rio Negro, tiene una propuesta de administración conjunta que, por ahora, ni siquiera se ha tenido en cuenta.

“Tenemos objetivos claros y firmes y evidentemente están haciendo oídos sordos al federalismo, la constitución sigue siendo un libro lindo para figurar en la biblioteca, pero no en los hechos”, dijo a LM Neuquén Elías Sapag, representante de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), por la provincia de Neuquén.

Sapag se reunió hace unas semanas con el subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Santiago Yanotti, a quien le entregó toda la documentación de la propuesta de la comisión que une a los dos gobernadores, Arabela Carrera de Río Negro y a Omar Gutiérrez de Neuquén, respecto a la administración de las represas, por parte de una empresa tripartita.

La Nación no tiene una resolución tomada y por lo que vemos el contrato de concesión permite a la secretaría de Energía, prorrogar, por un año más. Lo primero que tengo que decir es que en febrero la secretaría de Energía tiene que comunicar a las concesionarias lo que va a hacer”, explicó Sapag.

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Elías Sapag dijo que las concesiones hidroeléctricas pueden ser prorrogadas por Nación pero tiene que haber un acuerdo.

Elías Sapag dijo que las concesiones hidroeléctricas pueden ser prorrogadas por Nación pero tiene que haber un acuerdo.

En principio sostuvo que el 23 de agosto de 2023 se terminan las concesiones de las represas de Alicurá, El Chocón y Cerros Colorados y en diciembre de ese año, se vence el contrato con la hidroeléctrica Piedra el Águila. En este sentido, el 2023 será un año clave.

El representante de la AIC dijo que, pese a que ya no hay tiempo para analizar el proyecto de la administración de las hidroeléctricas por parte de las provincias y Nación, exigió que se arme una “mesa de acuerdos”.

“Se va a prorrogar en las condiciones que conversemos; evidentemente estamos en total desacuerdo las provincias de Río Negro y Neuquén, que proponemos una empresa tripartita para la administración de las represas; no de la propiedad, queremos hablar del precio de la energía para que cubra la renovación y otra posibilidad de resolver, con una empresa aguas arriba, como Chihuido, que hasta hoy no se ha resulto por parte de Nación, indicó Sapag.

Sostuvo que las provincias buscan que se haga un contrato de concesión a esta empresa tripartita, que garantice “que no van a manipular el precio de la energía como lo están haciendo no pagando las regalías, o faltando a la constitución nacional, y saltando a los contratos internacionales de la disminución de dióxido de carbono”.

Sapag reiteró que el gobierno de Alberto Fernández no se quiere sentar a hablar con las provincias sobre las concesiones, más allá del proyecto presentado por el senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, para estatización de siete hidroeléctricas. La operatoria se realizaría a través de la empresa estatal Ieasa, ex Enarsa, y en sociedad con las provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro.

Sapag reclamó también por las regalías mal liquidadas de las hidroeléctricas, que es otro tema candente, a la espera de una respuesta en la secretaría de Eenrgía de la Nación, a cargo de Flavia Royón.

Los organismos regionales encargados de la seguridad de las represas y del control de los caudales de los ríos le reclaman a la Secretaría de Energía de la Nación una deuda de $983.671.839 o el equivalente a u$s 8.336.202. El cálculo de la deuda del canon es desde 2013 a marzo de 2022.

Sapag explicó que, en base a lo establecido en las leyes y el contrato de las concesiones, de todo lo que reciben las hidroeléctricas, el 6% va corresponde a Río Negro, el 6% a Neuquén y el 1,5% para la AIC. “Esto fue determinado por una resolución del año 2013 de la Secretaría de Energía, que unilateralmente dejó de funcionar así. Por orden del organismo, la hidroeléctrica nos pagaba un diferencial a nosotros, como está pagando ahora”, indicó.

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