Todos los caminos conducen a la destitución como vicegobernadora de Gloria Ruiz

La situación de la suspendida vicegobernadora Gloria Ruiz es cada vez más complicada y se encamina a dos escenarios futuros. Uno, que hoy parece casi inexorable, es el de la destitución. El otro, que se dará más adelante, se vincula a la formulación de cargos, a partir de las pruebas que se están recolectando desde la Justicia para determinar si existieron, entre otros delitos, malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito.

Lo primero está atado al trabajo que está realizando la comisión investigadora de la Legislatura (conformada por los presidentes de todos los bloques políticos, a excepción de la izquierda), que determinará o no la “inhabilidad moral” de Ruiz.

Para ello, la Cámara ya definió extender el período ordinario, con el objetivo de que se puedan cumplir los tiempos de elaboración del informe y que después se haga traslado a Ruiz, para que prepare su defensa, y a la Comisión de Asuntos Constitucionales, ámbito en el que se sacará un dictamen para su tratamiento en una sesión especial.

Dentro de la comisión investigadora entienden que el informe estará listo antes de los 30 días hábiles que tiene el cuerpo. Se supo que los diputados se enfocarán en tres o cuatro ejes, más allá de que todos los días trasciende nueva información respecto a compras y operaciones sospechosas (como sobrefacturaciones) que se hicieron a nombre de la Legislatura.

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Sebastián Fariña Petersen

Compras directas y falta de control

Entre esos aspectos concretos que los diputados pretenden que sean parte sustancial del informe está el de las compras directas, donde Ruiz habría superado el límite permitido por la ley de administración financiera y en el que, además, no existía justificación (como podría ser una situación de emergencia) para llevarlas adelante.

Varias de esas compras directas habrían sido por encima de los 12 millones de pesos, cuando el límite por la mencionada norma de Administración Financiera es de $4 millones.

Otro elemento en el que puso el ojo la comisión investigadora de la Legislatura es el de los contratos de personal, donde se determinó, por ejemplo, que las designaciones no coincidían con las funciones o, que, directamente, se le pagaba a gente que no trabajaba en la Cámara.

Los legisladores, además, están indagando lo ocurrido con el Tribunal de Cuentas que solicitó, en reiteradas oportunidades, acceso a la información de la Cámara y que nunca pudo tenerla.

“Desde principios de este año le bloquearon a las auditoras el acceso a la base de datos. No podían entrar al sistema de liquidación de sueldos, de proveedores ni el de facturas emitidas. El Tribunal de Cuentas puso en conocimiento de la Presidencia de la Legislatura que le estaba siendo obstruida la función de control”, advirtió una fuente de la justicia neuquina consultada por este diario.

Y un tema, donde también interviene la comisión investigadora de la Legislatura y que está en manos de la justicia, es el de la compra de la camioneta 0km 4x4 marca Toyota, valuada en casi 80 millones de pesos. Lo que se intenta determinar es si hubo falsificación de datos respecto de la propiedad del vehículo que Ruiz vendió para saldar parte de esa operación, lo mismo que el origen del dinero para completar el pago total del valor de la camioneta nueva.

Cuando se le pidió que explique de dónde había sacado la plata, la suspendida vicegobernadora dijo que correspondía a parte de los sueldos de enero a agosto. Pero ese dinero habría salido de la cuenta de un banco privado, a nombre del entonces prosecretario legislativo, Gustavo Chittaddino, hombre de confianza de Ruiz y que fue despedido recientemente, a través de una resolución firmada por la vicepresidenta primera de la Legislatura, Zulma Reina, hoy a cargo de la presidencia de la Cámara.

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Omar Novoa

Acusación como ensayo de defensa

Ruiz realizó, a modo de defensa, un contrataque, en el que acusó a diputados y funcionarios provinciales de orquestar su desplazamiento, por lo que recurrió a la Justicia Federal para que intervenga, algo que, desde diferentes ámbitos, se analizó que no prosperará.

Desde lo legislativo, por ejemplo, se advirtió que la figura de “inhabilidad moral” es constitucional y que la suspensión temporaria fue posible a través de la sanción de una resolución.

Lo concreto, y a lo que Ruiz no pudo responder hasta ahora, es a los supuestos ilícitos que se le atribuyen y que podrían derivar, si avanza el proceso, en una formulación de cargos y un juicio, a partir de la cantidad de elementos que se fueron sumando en su contra.

Posibles cargos

Lo primero en lo que la justicia puso la mira es en las transferencias directas desde la Legislatura de Neuquén a la cuenta personal del Banco Provincia de Neuquén de su hermano, Pablo Ruiz, ex coordinador de la Casa de las Leyes, por 51 millones de pesos.

El 22 de noviembre, por orden de la Fiscalía, se allanaron la Legislatura de Neuquén, la Casa de las Leyes y la vivienda particular de Pablo Ruiz.

Y cinco días después, los procedimientos se trasladaron a los registros del automotor 1 y 2 de Plottier, en busca de legajos sobre venta y compra de vehículos de parte de Ruiz y su entorno familiar.

¿De qué se la podría acusar? Las figuras, según la misma fuente judicial consultada, podrían ir desde incumplimiento de los deberes de funcionario público, pasando por abuso de autoridad, hasta llegar a administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito. “Pueden ser varias cosas porque, además, Gloria Ruiz no ha dado ninguna explicación razonable sobre absolutamente nada de lo que se la acusa”, se indicó.