Una abuela neuquina pidió un préstamo en 1999 y hoy toda la familia puede quedar en la calle

Una deuda originada en un préstamo solicitado en 1999 volvió a poner en jaque a una familia neuquina casi tres décadas después. El conflicto amenaza ahora con terminar en el desalojo de distintos inmuebles, entre ellos el departamento en el que vivía la mujer que tomó el crédito y una propiedad donde actualmente residen su hija, su nieto y otros integrantes de la familia.

El reclamo fue dado a conocer por Rodrigo Tello, nieto de la mujer que había solicitado el préstamo. Según explicó, actualmente existen tres órdenes de desalojo o ejecución vinculadas con propiedades familiares y buscan que organismos provinciales intervengan antes de que las medidas se concreten.

El caso tiene como protagonista a Consultora Belleville SA, una firma que a comienzos de los años 2000 fue investigada penalmente en Neuquén a partir de decenas de denuncias de personas que habían obtenido préstamos hipotecarios y posteriormente enfrentaron ejecuciones de sus viviendas.

La familia sostiene que aquella historia, que tuvo fuerte repercusión pública hace más de 20 años, hoy vuelve a golpearlos de lleno.

Un préstamo de 1999 y una deuda que reapareció décadas después

Según contó Tello en RTN, su abuela había recurrido a la financiera en 1999 y puso propiedades como garantía. Con el paso de los años se generó una deuda que, según sostiene la familia, nunca encontró una resolución definitiva.

Ahora, décadas después, el reclamo avanzó sobre los inmuebles. “Estamos tratando de que alguien revea esta situación”, explicó el nieto, quien aseguró que recurrieron a distintos abogados en busca de una alternativa que permita evitar la pérdida de las propiedades.

Según señaló, las posibilidades que les plantearon hasta el momento apuntan principalmente a intentar alcanzar un acuerdo económico con la firma. El problema, remarcó, es que los montos involucrados estarían muy lejos de las posibilidades económicas de la familia.

Una de las personas que podría verse directamente afectada es su madre, una mujer de 65 años que vive en una de las propiedades alcanzadas por el conflicto. Allí también se encuentra la vivienda que construyó el propio Tello. “Mi madre puede quedar en la calle”, advirtió al describir la preocupación con la que atraviesan las últimas semanas.

Los créditos hipotecarios permiten acceder a la casa propia, pero es importante comprender cómo funcionan.

La abuela recibió una notificación antes de morir

Uno de los episodios más dolorosos ocurrió a fines del año pasado. Según relató la familia, la abuela recibió en diciembre una notificación vinculada con el desalojo del departamento donde residía. Tello aseguró que la situación tuvo un fuerte impacto emocional sobre ella y que, a partir de ese momento, su estado de salud comenzó a deteriorarse. La mujer murió en febrero.

Ahora, pese a su fallecimiento, el proceso vinculado con esa propiedad continúa y la familia teme que el desalojo pueda concretarse. Por este motivo comenzaron a buscar respuestas fuera del expediente judicial.

Según indicaron, presentaron notas ante distintos organismos, entre ellos la Gobernación y la Legislatura de Neuquén, aunque hasta el momento aseguran no haber obtenido una solución.

Una financiera investigada por préstamos hipotecarios

El nombre de Consultora Belleville SA tuvo fuerte presencia pública en Neuquén a comienzos de los años 2000. En agosto de 2001 se inició una investigación penal a partir de denuncias de personas que habían recibido préstamos hipotecarios de la firma. Para febrero de 2002, las denuncias superarían las 60.

Varios damnificados denunciaron en aquel momento que en las escrituras hipotecarias figuraban sumas considerablemente superiores al dinero que realmente habían recibido.

La investigación también buscó establecer el origen de los fondos utilizados por la empresa para otorgar los créditos. Meses después, en octubre de 2002, la Fiscalía de Delitos Complejos elevó una denuncia contra la consultora y sostuvo que se habría aprovechado de personas que, por su situación económica, no podían acceder al sistema financiero tradicional.

Según aquella acusación, se otorgaban préstamos hipotecarios con intereses muy elevados y condiciones desproporcionadas. El requerimiento fiscal de la época señalaba que las tasas anuales en dólares investigadas oscilaban entre el 61% y el 115%.

También se describieron situaciones en las que las escrituras consignaban montos muy superiores al dinero que finalmente recibían los clientes. En al menos 21 casos incluidos dentro de aquel expediente.

Familias que llegaron a perder sus viviendas

Las consecuencias de aquellas operaciones no quedaron solamente en denuncias judiciales. Distintos deudores terminaron enfrentando ejecuciones hipotecarias y algunos perdieron sus casas en remates.

Uno de los antecedentes difundidos en aquella época daba cuenta del caso de un hombre cuya vivienda fue rematada después de un juicio ejecutivo iniciado por la consultora. También hubo procedimientos que generaron resistencia social.

Los cuestionamientos a las operaciones de la financiera derivaron en una investigación por posibles delitos que incluían usura y defraudación, entre otras figuras que fueron analizadas por la Justicia en aquel momento.

Un antecedente en el que la ejecución fue frenada

La actividad judicial vinculada con Belleville se extendió durante varios años. En 2014 se conoció otro caso en el que la Justicia Civil dejó sin efecto, al menos temporalmente, la ejecución de una vivienda habitada por una pareja con discapacidad auditiva y su hijo menor.

La intervención se produjo a pedido del Ministerio Público de la Defensa. En aquella oportunidad se tuvo especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad de la familia y se dio intervención a organismos estatales para intentar encontrar una salida habitacional.

Ese antecedente es observado con atención por la familia Tello, que ahora reclama que su situación también sea revisada antes de que avancen las órdenes de desalojo.

El pedido para frenar los desalojos

La preocupación principal pasa por los tiempos. Según explicó Tello, las medidas sobre las propiedades podrían concretarse en cualquier momento y consideran que no cuentan con herramientas suficientes para enfrentar una disputa que se originó hace casi 30 años. Por eso buscan que alguna autoridad provincial analice el expediente y determine si existe una alternativa que permita evitar que una mujer de 65 años y otros integrantes de la familia pierdan sus viviendas.

“Necesitamos que alguien nos reciba”, resumió.

Mientras tanto, el conflicto que comenzó con un préstamo solicitado en 1999 continúa abierto. Lo que durante años pareció formar parte de una vieja deuda financiera volvió ahora con su consecuencia más concreta: la posibilidad de que tres propiedades familiares sean ejecutadas y sus ocupantes tengan que abandonarlas.