Una dirigente barrial fue absuelta por retener a un funcionario del IPVU

La dirigente barrial de El Trébol y Ruca Antú, Yanet Carrillo, fue absuelta en una causa acusada de retener durante siete horas a un funcionario del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU). También fue juzgada por obstaculizar los trabajos a personal de la Cooperativa CALF para reconectar la luz.

El juicio se realizó la semana pasada. Carrillo fue acusada por la fiscal del caso Paula González -acompañada por el asistente letrado Emilio Briguglio- y los querellantes de la causa. El primero de los hechos investigados ocurrió el 8 de julio de 2022, entre las 14 y hasta las 21. Según la acusación, Carrillo privó ilegítimamente de su libertad a Fabio Torres (entonces director provincial de Hábitat y Urbanismo del IPVU) en el merendero que administra. Todo ocurrió cuando le impidió que se retire del lugar con la finalidad de obligarlo a firmar documentos que reconozcan las tenencias de los terrenos de dicho sector.

Torres había concurrido junto a un representante de la Subsecretaria de Seguridad para dialogar con los vecinos de una toma, que obstaculizaban la circulación de vehículos en la Ruta Provincial 7 a la altura de la Fasinpat, en reclamo de la regularización de terrenos tomados en el Sector Ruca Antu.

"Las partes empezaron a dialogar alrededor de las 14 horas, y en un momento, al no obtener las respuestas que buscaba, la mujer comenzó a llamar a los vecinos y vecinas para que ingresaran, mientras amenazaba con lesionar al representante del IPVU, diciéndole que le iba a romper la cabeza y que no iba a salir bien si no les entregaba las tenencias. En ese momento ingresaron alrededor de treinta personas, amenazándolo para que firmara las tenencias", informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) en un comunicado, donde además precisaron que la situación "se mantuvo durante toda la tarde, repitiéndose las amenazas de la mujer" y que "cerca de las 21, le permitieron la salida al funcionario".

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Además, Carrillo fue juzgada por otro hecho ocurrido el 15 de junio de 2022. Según la acusación fiscal, junto a otras personas obstaculizó la prestación del servicio público de luz. "El suministro de energía se encontraba parcialmente suspendido por desperfectos técnicos, y cuando los operarios de la Cooperativa Calf arribaron al lugar para realizar los trabajos de mantenimiento, la imputada, junto a otros vecinos y vecinas, lo impidieron", dijo el MPF.

El delito que la fiscalía le atribuyó a la imputada y por el cual requirió que sea juzgada es privación ilegal de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas en concurso real con obstrucción a un servicio público.

Gustavo Ravizzoli, el juez de garantías que intervino en el juicio, resolvió absolver a la mujer de ambas teorías acusatorias. En sus argumentos, planteó que "es un caso con neto contenido social y a mi juicio declara connotación política. Estoy seguro que se podría haber llegado a una salida distinta”. Asimismo, el magistrado indicó que a su modo de ver “se da un contexto y un clima de cierta tensión, de reclamos pero de ninguna manera constituyen una conducta típica de privación y obstaculización “.