Obra pública: CFK pidió postergar el inicio del juicio

Está previsto para el 26 de febrero.

Buenos aires. La defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió que se suspenda el inicio del juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz hasta tanto se concluyan las pericias dispuestas en la instrucción suplementaria. El pedido fue presentado el viernes pasado a última hora por el abogado Carlos Beraldi ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF), que ahora le va a preguntar al cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia cuánto demorará en arribar a una conclusión en relación con las pericias en curso. El abogado de la ex presidenta solicitó que el juicio no comience el 26 de febrero como está previsto, porque aún no concluyó una pericia ordenada por el TOF 2 para determinar si hubo o no sobreprecios en algunas de las obras investigadas en la causas que instruyó en primera instancia el juez Julián Ercolini.

Fuentes judiciales informaron que el TOF 2 le correrá vista del pedido a las querellas y al fiscal de juicio, Diego Luciani, para que opinen al respecto. El tribunal podría postergar el inicio del juicio si la respuesta de los peritos de la Corte es que falta aún un tiempo considerable para concluir la pericia, de lo contrario comenzará en la fecha prevista. En la causa se investiga el presunto direccionamiento de la obra pública durante la gestión kirchnerista en favor del empresario detenido Lázaro Báez.

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La actual senadora nacional será juzgada en esta investigación junto con otros 16 imputados, entre los que se encuentran el ex ministro de Planificación Julio de Vido, el ex secretario de Obra Pública José López y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner; todos detenidos por esta y otras causas. “Cristina Elisabet Fernández, en su carácter de presidente de la Nación, entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015, habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país”, sostuvo Ercolini cuando elevó la causa a juicio oral. En esta causa se investigó la firma de 52 contratos por un valor actualizado de 46 mil millones de pesos y el juez remarcó que las conductas de CFK tuvieron como fin “procurar un lucro indebido propio o de terceros como, por ejemplo, de Lázaro Báez”.

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