La decisión fue dada a conocer este lunes por el Gobierno Nacional.
El uso ilegal de celulares en cárceles es uno de los principales focos de preocupación en materia de seguridad
El Gobierno Nacional avanzó con una nueva medida para reforzar la seguridad en el sistema penitenciario federal. La decisión se formalizó mediante la Resolución 336/2026, publicada en el Boletín Oficial.
Con esta medida, el Gobierno habilita al Servicio Penitenciario Federal a implementar dispositivos capaces de identificar equipos móviles activos y proceder a su inhabilitación. autorizó la instalación de tecnología destinada a detectar y bloquear celulares en cárceles, con el objetivo de limitar la actividad delictiva desde el interior de los penales.
El foco está puesto en impedir el uso indebido de teléfonos dentro de las unidades, una práctica que, según las autoridades, permite coordinar delitos desde prisión.
Cómo funcionará el sistema para bloquear celulares en cárceles
El esquema aprobado contempla la instalación de tecnología que permite detectar señales de dispositivos dentro de zonas restringidas. A partir de esa identificación, se podrá avanzar con el bloqueo de los equipos mediante la intervención de las empresas de telecomunicaciones.
El sistema trabaja sobre códigos técnicos como IMEI e IMSI, que permiten individualizar cada dispositivo. Una vez detectado un celular en uso dentro de una cárcel, se iniciará el procedimiento para su inhabilitación.
La normativa establece que las compañías deberán confirmar el bloqueo en un plazo máximo de 48 horas. Este punto busca asegurar una respuesta rápida frente a la detección de actividad irregular dentro de los establecimientos.
El objetivo: frenar delitos organizados desde prisión
Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que el uso de celulares en cárceles facilita la planificación y coordinación de maniobras ilícitas, lo que representa un problema estructural en el sistema penitenciario.
En los últimos años, distintos operativos dejaron al descubierto la magnitud del fenómeno. En una requisa reciente en la cárcel de Florencio Varela, por ejemplo, se incautaron decenas de teléfonos, armas caseras y otros elementos prohibidos.
La nueva medida apunta a reforzar los controles existentes y a reducir la capacidad de comunicación de internos vinculados a organizaciones criminales. El control intramuros se vuelve clave para la seguridad pública, según remarcaron desde el Gobierno.
Implementación, control y alcance de la medida
La resolución también establece que la Dirección Nacional de Tecnología de la Información será la encargada de gestionar la compra, instalación y mantenimiento de los sistemas. Este organismo deberá garantizar que la tecnología funcione correctamente sin afectar zonas externas a los penales.
Además, se aprobó un manual de procedimiento que define los pasos para la detección y bloqueo de los dispositivos. El proceso incluye la identificación del equipo, la solicitud de inhabilitación y la confirmación por parte de las empresas.
La supervisión general estará a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, en coordinación con el Servicio Penitenciario Federal.
La medida se inscribe dentro de la normativa vigente que prohíbe el uso de celulares en cárceles. Con esta iniciativa, el Gobierno busca fortalecer los mecanismos de control y reducir la actividad delictiva desde el interior de los penales, en un intento por cerrar una de las principales vías de operación de las organizaciones criminales.
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