Mediante una resolución judicial se determinó que es inconstitucional impedirles acceder al beneficio. Es la cantidad de presos por venta de drogas.
Datos recientes revelan que, a fines de 2023, 14.584 personas estaban encarceladas en Argentina por delitos vinculados a la venta de drogas. Este grupo de presos podría verse beneficiado por una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, que declaró inconstitucionales las normas que les niegan el acceso a la libertad condicional. Sin embargo, la aplicación del fallo no será automática ni universal, según aclararon expertos judiciales.
El Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) posiciona al narcotráfico como el cuarto delito con más detenidos, por debajo de robos (40.336 casos), delitos sexuales (22.355) y homicidios dolosos (15.043). La polémica surge de la reforma de 2017, conocida como “ley Petri”, que prohibió la libertad condicional para crímenes graves como secuestros, terrorismo o tráfico de estupefacientes. La norma buscaba endurecer las penas, pero la justicia ahora cuestiona su constitucionalidad.
En un fallo dividido, la Sala de Feria de Casación argumentó que esta restricción viola el principio de igualdad ante la ley, ya que impide la reinserción social de ciertos reclusos mientras otros delitos mantienen esa posibilidad. Los magistrados destacaron que tratados internacionales, incorporados a la Constitución, exigen garantizar procesos de rehabilitación sin discriminación por el tipo de delito. No obstante, la decisión no es unánime: algunos jueces sostienen que el legislador tenía bases legítimas para diferenciar entre crímenes de alto impacto social.
El caso testigo y sus implicancias
Carlos Hernán Beati, condenado a seis años por narcotráfico en 2020, se convirtió en el eje del debate. Tras rechazar su solicitud de libertad condicional, el Tribunal Oral Federal 3 de San Martín enfrentó una apelación que llegó a Casación. Allí, los jueces Ángela Ledesma y Juan Carlos Gemignani anularon el veredicto, considerando que la prohibición automática contradice el sistema progresivo de reinserción. En disidencia, Diego Barroetaveña defendió la potestad del Congreso para establecer políticas criminales rigurosas.
El fallo obliga a reabrir el caso de Beati y evaluar su situación sin aplicar restricciones predeterminadas. Sin embargo, fuentes judiciales advierten que cada detenido deberá presentar un recurso individual, sin garantías de éxito. Además, la resolución podría ser apelada ante la Corte Suprema, lo que prolongaría la incertidumbre.
Un camino lleno de obstáculos
Aunque el fallo marca un precedente, su impacto práctico es limitado. Solo quienes inicien trámites específicos podrían beneficiarse, y dependerá de la sala de Casación que intervenga en cada caso. Incluso si se aplica, los jueces evaluarán factores como conducta carcelaria, tiempo cumplido y riesgo de reincidencia. Por otro lado, fiscales como Raúl Pleé ya plantean apelaciones para que la Corte Suprema revise el criterio.
Este debate refleja tensiones entre dos visiones: una que prioriza la seguridad mediante penas estrictas y otra que enfatiza derechos constitucionales y rehabilitación. Mientras organizaciones de derechos humanos celebran el fallo como un avance, sectores conservadores lo critican por “suavizar” el combate al narcotráfico. Lo cierto es que, más allá de las posturas ideológicas, el sistema judicial enfrenta un desafío logístico: procesar miles de solicitudes sin colapsar.
En definitiva, la puerta hacia la libertad condicional se entreabrió para algunos, pero su apertura total requerirá batallas legales, tiempo y un consenso que hoy parece lejano. La resolución de Casación no resuelve el problema de fondo: cómo equilibrar justicia, seguridad y derechos en un sistema penitenciario bajo presión constante.
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