Causa seguros: antes de ser presidente, Alberto Fernández le facturó varios millones a un broker

Un informe de la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) incorporado a la causa de corrupción en los seguros del Estado, da cuenta de que el ex presidente Alberto Fernández facturó servicios durante nueve años al broker Héctor Martínez Sosa y empresas vinculadas, antes de llegar al Gobierno.

En la causa Seguros ambos están acusados por el supuesto direccionamiento en la elección de brokers y sobreprecios en comisiones para actuar como intermediarios en la contratación de pólizas de seguros para organismos públicos a través de Nación Seguros, informaron fuentes judiciales.

Uno de estos intermediarios fue Martínez Sosa, esposo de María Cantero, quien era por entonces secretaria privada del presidente, de acuerdo a la acusación en la causa que ahora investiga el juez federal Sebastián Casanello junto al fiscal Carlos Rívolo.

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En ese marco, los investigadores recibieron un informe de la PROCELAC en base a información fiscal en el cual se detalla la emisión de facturas por al menos 4 millones de pesos entre 2010 y 2019 por parte de Fernández por cobro de diferentes servicios a Martínez Sosa.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) menciona "servicios jurídicos" dados además a firmas como HMS SA y Austral Consulting SA, que estarían también vinculadas al broker, amigo del ex presidente.

La última de ellas data del 6 de diciembre de 2019, poco antes de que Fernández jurara como Presidente.

Una vez en el Gobierno, firmó el decreto 823/21 que habilitó la intermediación de brokers en la contratación de pólizas vía Nación Seguros.

Al prestar declaración indagatoria en noviembre del año pasado, Fernández admitió tener un vínculo de amistad con Martínez Sosa. En tanto, Casanello tiene que resolver las situaciones procesales de los 39 indagados en el caso.

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Por qué se investiga a Alberto Fernández

La Causa Seguros investiga presuntas irregularidades en contrataciones públicas durante el gobierno anterior. El eje del caso es el decreto 823/2021 –firmado por Fernández en diciembre de 2021–, que establecía la contratación obligatoria de pólizas estatales exclusivamente a través de Nación Seguros.

La fiscalía sostiene que esta medida habría permitido un esquema de intermediación privilegiada para actores privados, evitando procesos licitatorios y generando opacidad en el manejo de fondos públicos entre 2019 y 2023. Entre los investigados figuran el exdirector de la aseguradora estatal Alberto Pagliano y otros funcionarios, señalados por posible desvío de recursos mediante adjudicaciones directas.

El juez Ercolini había considerado que existen elementos probatorios suficientes para avanzar con las actuaciones judiciales. Cabe destacar que el actual gobierno de Javier Milei derogó este mecanismo mediante el decreto 747/2024 en enero pasado, calificando el sistema anterior como "discrecional y lesivo para las arcas públicas".

El juez Julián Ercolini estaba encargado tanto de la Causa Seguros como de la causa que acusa a Alberto Fernández de violencia de género contra su expareja, Fabiola Yáñez. Sin embargo, fue reemplazado por Casanello en febrero.

Paralelamente, también hay una disputa judicial por la tenencia y la manutención del hijo de ambos, Francisco Fernández.

El caso mantiene en vilo al entorno político por su alcance institucional y las implicancias jurídicas que podrían afectar a altos exfuncionarios de la administración anterior.