El caso tomó fuerza después de varias denuncias por recetas sospechosas, certificados médicos y atención bajo condiciones precarias. Cuáles son las graves sospechas.
La investigación sobre la red de clínicas clandestinas ya dejó 29 detenidos y diez centros médicos clausurados en La Matanza.
La investigación sobre la red de medicina ilegal que operaba bajo el nombre de “Argentina Salud” sumó en las últimas horas una decisión clave: la Justicia ordenó la clausura de diez clínicas vinculadas al grupo y profundizó las sospechas sobre un posible esquema de lavado de dinero asociado con delitos de piratería del asfalto.
El expediente, que ya acumula 29 detenidos, expuso un entramado de consultorios clandestinos, profesionales sin habilitación, uso de matrículas robadas, certificados falsos y ambulancias apócrifas distribuidas en distintos puntos de La Matanza.
Clausuraron 10 centros médicos ligados a “Argentina Salud”
La medida fue solicitada por el fiscal Fernando Garate, titular de la Fiscalía Descentralizada N°1 de Laferrere, después de los allanamientos realizados por la Policía Federal.
Los operativos terminaron con la clausura de diez establecimientos sanitarios vinculados a la firma investigada. Cinco funcionaban en Virrey del Pino, tres en González Catán y dos en San Justo.
La investigación judicial determinó que los consultorios atendían diariamente a cientos de vecinos pese a no contar con una estructura empresarial habilitada legalmente. Aunque algunos médicos poseían visados individuales otorgados por el Colegio Médico de Morón, no existía ninguna empresa registrada formalmente como titular de los establecimientos.
Para los investigadores, ese punto resulta central porque evidencia que los centros médicos operaban en un marco de completa irregularidad administrativa y sanitaria.
El caso tomó fuerza después de varias denuncias vinculadas con recetas sospechosas, certificados médicos y atención clínica bajo condiciones precarias.
Uno de los episodios que más impacto provocó fue la muerte de un paciente que había acudido por un dolor y recibió una inyección en una de las sedes bajo investigación. Ese hecho aceleró los allanamientos y permitió avanzar sobre la estructura interna de “Argentina Salud”.
La hipótesis de lavado y el vínculo con robos de camiones
Con el avance de la causa apareció una sospecha todavía más delicada: los investigadores creen que la red médica clandestina podría haber sido utilizada para blanquear dinero proveniente de actividades delictivas.
La principal hipótesis apunta a conexiones con bandas dedicadas a la piratería del asfalto, una modalidad criminal basada en el robo de mercadería en tránsito.
De acuerdo con la investigación, el dinero obtenido en esos delitos habría servido para financiar una estructura que incluía consultorios irregulares, una prepaga trucha, farmacias sin autorización y ambulancias apócrifas.
El nombre que aparece en el centro del expediente es el de Alberto Rubén Santarceri, señalado como uno de los presuntos responsables del entramado.
La Justicia también investiga a su socio, Gabriel Musse. Ambos poseen antecedentes vinculados con causas por asaltos a camiones y homicidios, un dato que reforzó las sospechas alrededor del origen del dinero utilizado para sostener la estructura sanitaria.
Los investigadores ahora intentan reconstruir el movimiento patrimonial de la organización para determinar cómo circulaban los fondos y quiénes participaban del esquema.
La declaración que complicó al principal acusado
En las últimas horas, una indagatoria agregó todavía más presión sobre Santarceri. Dunia Mercedes Suazo Pulido, una mujer de nacionalidad cubana detenida durante los procedimientos, reconoció ante la Justicia que trabajaba como médica sin contar con habilitación para ejercer en la Argentina.
La mujer admitió además que atendía pacientes utilizando el sello profesional de otra médica real llamada Sofía Luna.
El punto más delicado de la declaración apareció cuando aseguró que el sello había sido entregado directamente por Santarceri para que pudiera trabajar dentro de la estructura.
La causa, supervisada por el juez de garantías Rubén Ochipinti, avanza sobre delitos como asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y venta ilegal de medicamentos en las clínicas truchas.
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