Cristina Kirchner llevó su condena por Vialidad a la ONU y denunció una "proscripción perpetua"
La expresidenta sostuvo que el proceso vulneró sus derechos políticos y sumó dos juristas extranjeros para la nueva etapa.
Cristina Kirchner presentó ante la ONU un reclamo contra la condena y la inhabilitación perpetua por la causa Vialidad.
Mientras sigue cumpliendo los seis años de prisión domiciliaria por corrupción, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner inició una nueva etapa en su estrategia contra la condena de la causa Vialidad. En las últimas horas confirmó una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).
El planteo fue presentado este miércoles por la mañana ante la ONU, y sostiene que el proceso judicial vulneró garantías establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
También cuestiona la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una sanción que Kirchner define como una forma de proscripción política.
Según aclararon, la presentación internacional no suspende la condena ni modifica las condiciones de su prisión domiciliaria. El organismo deberá evaluar primero si el reclamo cumple los requisitos necesarios para comenzar un análisis sobre el fondo.
La carta que Cristina Kirchner publicó en medios internacionales
El texto fue publicado este miércoles bajo el título “El costo democrático de la politización de la Justicia”.
La exmandataria abrió su argumentación con una crítica al uso del Poder Judicial dentro de las disputas políticas. A su criterio, cuando los tribunales deciden quién puede participar de una elección, la voluntad popular queda limitada por decisiones que exceden el funcionamiento ordinario de la Justicia.
Y sostuvo que la pena de seis años de prisión ocupa un lugar secundario frente a la prohibición definitiva de competir por cargos públicos. Además, destacó que la proscripción perpetua representa el verdadero castigo político de la sentencia.
También afirmó que el proceso estuvo atravesado por un ambiente de hostilidad y por expresiones de machismo estructural dentro del sistema judicial argentino.
La expresidenta vinculó su situación con el atentado de 2022, cuando un hombre intentó dispararle en la puerta de su departamento.
Qué reclama Cristina Fernández de Kirchner ante la ONU
La defensa presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Este organismo supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los países que lo ratificaron.
El escrito solicita que los expertos internacionales revisen si durante el juzgamiento se respetaron el debido proceso, la imparcialidad judicial y los derechos políticos de Cristina Kirchner. También plantea que la inhabilitación afecta a los ciudadanos que podrían elegirla como representante.
Para esta etapa, la expresidenta convocó al abogado brasileño Rafael Valim y al jurista español Javier Borrego. Ambos trabajarán junto con Alberto Beraldi, uno de los principales integrantes de la defensa local. Valim es especialista en Derecho Público, derechos humanos y procesos vinculados con el denominado lawfare. También mantuvo vínculos profesionales con el equipo jurídico del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
El Comité está integrado por 18 expertos independientes. Primero deberá resolver la admisibilidad de la comunicación. Si acepta el caso, podrá pedir una respuesta formal al Estado argentino y luego emitir un pronunciamiento.
El organismo no puede anular por sí mismo la condena ni ordenar la liberación de Kirchner.
La condena por la causa Vialidad
Cristina Kirchner fue condenada por el Tribunal Oral Federal 2 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. La Justicia la consideró responsable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La causa investigó irregularidades en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Los jueces determinaron que empresas vinculadas con Lázaro Báez recibieron contratos mediante un sistema que perjudicó las arcas públicas.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia en noviembre de 2024. El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos de la defensa y dejó firme la condena.
Kirchner cumple la pena bajo arresto domiciliario en su departamento del barrio porteño de Constitución. También utiliza una tobillera electrónica y debe respetar las condiciones impuestas por el tribunal.
En julio de 2026, la Corte dejó firme el monto actualizado del decomiso contra la expresidenta, Báez y los demás condenados. La cifra quedó establecida en $684.990 millones, aunque su ejecución patrimonial continúa atravesada por distintas presentaciones judiciales.
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