Las frutas, envueltas en cinta negra, aparecieron en la mañana de este jueves, en la rampa de acceso al garage del domicilio del magistrado Jorge Gorini. Intervino la Brigada de Explosivos.
Un paquete sospechoso fue encontrado en la mañana de este jueves, frente a la casa del juez Jorge Gorini, uno de los magistrados que llevan adelante el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, por lo que la policía dio intervención a la Brigada de Explosivos, para que revisara lo hallado. Con todo esto, decidieron detonarlo, y tras ello, descubrieron que no se trataba de una bomba, sino de una bolsa con mandarinas.
El juez advirtió el objeto, parecido a una botella, que apareció junto a la rampa del garage de su casa, en Villa del Parque. Lo iba a tirar al tacho de basura, pero cuando se acercó consideró que era “algo raro, envuelto con un material negro”.
Como no era una botella, se lo mostró al policía que lo custodia, e inmediatamente se convocó a la Brigada de Explosivos para que analizara el paquete. Según el primer parte policial, el “posible artefacto explosivo” se encontró “cerca del garage” a las 7.37 y era un “elemento cilíndrico con cinta”. El último parte daba cuenta de que el paquete contenía “sustancias símiles a frutos”. Luego de la “detonación controlada” resultó que tenía cuatro mandarinas.
Fuentes judiciales consideraron que se trató de un “acto intimidatorio”. En este sentido, Gorini es uno de los tres jueces a cargo del juicio de Vialidad Nacional, junto con Rodrigo Giménez Uriburu -a quien le hackearon su celular y le violaron su declaración jurada de bienes-, y a Andrés Basso. A Gorini también le abrieron de forma irregular su declaración jurada de bienes personales.
El juicio del caso Vialidad, que tiene a la vicepresidenta como principal acusada, está en la instancia final, de los alegatos de las defensas. En los tribunales se estima que antes de fin de año puede haber un veredicto.
El fiscal Diego Luciani pidió para la vicepresidenta una pena de 12 años de cárcel. La acusó de haber liderado una asociación ilícita y de haber defraudado al Estado en beneficio del empresario Lázaro Báez, quien durante el kirchnerismo se convirtió en el primer adjudicatario de obra pública vial; según la fiscalía, con licitaciones direccionadas y plagadas de irregularidades, que derivaron en obras inconclusas y por las que se pagaron sobreprecios.
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