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La Mañana Corte Suprema

El Gobierno confirmó a quién nominará para la Corte Suprema

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, Javier Milei oficializó sus propuestas para renovar la Corte Suprema.

El gobierno de Javier Milei confirmó la propuesta del juez federal Ariel Lijo para cubrir la vacante de la Corte Suprema, para ocupar así el quinto lugar tras la salida de Elena Highton de Nolasco. Además, anunció que nominará a Manuel García-Mansilla en reemplazo de Juan Carlos Maqueda, que cumple 75 años en diciembre.

A través de un comunicado de prensa publicado por la Oficina del Presidente, la administración libertaria notificó que el mandatario "de acuerdo con la modificación del Decreto 222/2003 que será publicada en las próximas horas, ha tomado la determinación de nominar al Dr. Manuel García-Mansilla para reemplazar al actual juez de la Corte Suprema de la Nación, Juan Carlos Maqueda, quien cumple 75 años el próximo 29 de diciembre y deberá en esa fecha dejar su cargo, como establece la ley”.

Según se entiende, el decreto cuyo contenido aún se desconoce, contemplará la chance de que los trámites de designación puedan iniciar antes de que se haga efectiva la vacante a cubrir.

“El Poder Ejecutivo expresa su gratitud por la distinguida labor del Dr. Maqueda y resalta su extensa trayectoria en los tres poderes del Estado Nacional y en la Provincia de Córdoba. En particular, se le agradece y reconoce su valiosa participación como Juez de la Corte Suprema de Justicia durante veinte años”, reza el documento.

En la misma línea, confirmaron también la designación de Ariel Lijo con intención de ocupar la vacante en el máximo tribunal luego de la salida de Elena Highton de Nolasco tras su salida el 1 de noviembre del año 2021.

“Ambas nominaciones permitirán reestablecer el número de ministros de la Corte Suprema a cinco”, resaltaron desde la administración libertaria.

Asimismo, destacaron que Lijo actualmente ejerce como Juez Federal de la Nación y “se ha destacado en su prominente carrera judicial en el ámbito penal”, mientras a García-Mansilla lo calificaron como “un prestigioso académico con una sólida formación en derecho constitucional".

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Para el Gobierno, se trata de “los cambios que la Argentina necesita para volver a los principios de la Constitución de Alberdi que hicieron grande nuestro país no serán permanentes a menos que contemos con una Justicia que defienda estricta y honrosamente los valores de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos”.

“Que Dios bendiga a los argentinos y que las Fuerzas del Cielo nos acompañen”, concluye el comunicado en anuncio. “Que Dios bendiga a los argentinos y que las Fuerzas del Cielo nos acompañen”, concluye el comunicado en anuncio.

Tras la presentación, los dos candidatos deberán cosechar el respaldo del Senado para desempeñarse como jueces de la Corte.

Quién es Manuel García-Mansilla, la propuesta del Gobierno

El constitucionalista Manuel José García-Mansilla, propuesto hoy por el presidente Javier Milei para ocupar a partir de diciembre próximo la vacante que dejará Juan Carlos Maqueda en la Corte Suprema, es el actual decano de la Universidad Austral, de la que también provino el vicepresidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz. De hecho, cuando García Mansilla recibió el doctorado en esa casa de altos estudios, Rosenkrantz fue uno de los jurados que lo evaluó.

Portador de un apellido de prosapia histórica, el “García” de su apellido fue José, ministro durante la presidencia de Bernardino Rivadavia; el “Mansilla” proviene de Lucio N. Mansilla, héroe de la Batalla de Vuelta de Obligado en 1845.

En su currículum figura también que es “especialista en Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresario” y se desparraman post grados, masters y trabajos sobre la Constitución Nacional, la exploración y producción de hidrocarburos, “Litigio estratégico ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos” y el “asesoramiento y participación en licitación de áreas provinciales de hidrocarburos” y “de empresas locales e internacionales en cuestiones relacionadas con el derecho público, derecho de la energía y el derecho comercial”.

En 2015, avaló desde el punto de vista constitucional la designación por decreto de los jueces Horacio Rosatti y Rosenkrantz como ministros de la Corte Suprema.

En el pasado reciente, se convirtió desde sus columnas de opinión y análisis en medios de comunicación y portales en un crítico del proceso de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema que intentó el kirchnerismo en diputados el año pasado.

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Manuel García-Mansilla, la propuesta efectuada por el Gobierno para la Corte Suprema.

Manuel García-Mansilla, la propuesta efectuada por el Gobierno para la Corte Suprema.

Los jueces del alto tribunal “vienen sufriendo los reiterados intentos del actual oficialismo de cooptar el Poder Judicial, con el riesgo de arrastrarnos a padecer un régimen de hecho y no uno de derecho”, consideró.

“Sobran razones para esa actitud en defensa de nuestras instituciones. Por un lado, por lo cuestionable que fueron tanto el procedimiento en sí en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados (plagado de anomalías), como por lo endeble de las acusaciones intentadas contra los jueces (en particular las que se refieren a las sentencias del tribunal cuyo contenido molestaban al gobierno)”, escribió en uno de esos artículos.

García Mansilla se proclama ferviente defensor de la independencia de los poderes de la Constitución.

“La independencia del Poder Judicial es uno de los pilares centrales que sostiene todo nuestro edificio constitucional. Al igual que ocurre con los demás principios fundamentales de nuestro sistema constitucional, hemos adoptado esa especial concepción del Poder Judicial por la notable influencia que la Constitución de los Estados Unidos tuvo en nuestros constituyentes” sostiene.

Justamente su tesis doctoral se basó sobre la independencia de los jueces y la condición de último intérprete de la letra de la ley.

El trabajo se tituló “El origen del control judicial de constitucionalidad en Estados Unidos y el mito de Marbury v. Madison”, un caso de principios del 1800 en que la Corte estadounidense estuvo llamada a dirimir un conflicto político montado en un cambio de signo político en el gobierno.

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