El grave antecedente del femicida de Agostina Vega: pedirán jury al fiscal que lo liberó en el 2025

El femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue hallada sin vida tras una semana de búsqueda en Córdoba, continúa dando novedades impactantes. Además, comenzaron a conocerse cuestionamientos sobre el funcionamiento de la Justicia y los mecanismos de control institucional. Ya que el único sospecha del brutal crimen contaba con antecedentes y fue dejado en libertad.

En las últimas horas, el exdiputado nacional Rodrigo de Loredo anunció que promoverá un pedido de jury contra el fiscal Iván Rodríguez, solicitará que se investigue el accionar del fiscal Raúl Garzón y pedirá la expulsión del concejal de Córdoba, Ricardo Moreno.

Las declaraciones se produjeron luego de que salieran a la luz antecedentes judiciales y políticos vinculados a Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen.

Uno de los aspectos que más impacto provocó fue que el sospechoso ya había estado imputado en una causa de extrema gravedad durante 2025 y, pese a ello, recuperó la libertad pocas semanas después.

Barrelier tenía una grave denuncia pero fue dejado en libertad

La discusión pública se concentra especialmente en un expediente iniciado el 6 de mayo de 2025. En aquella oportunidad, Barrelier fue imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad calificada.

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La investigación por el femicidio de Agostina continúa en marcha mientras la Justicia analiza pruebas clave para reconstruir las circunstancias del crimen.

De acuerdo con la denuncia, una joven fue llevada en motocicleta hasta una vivienda ubicada en calle Campillo al 800, el mismo domicilio donde los investigadores creen que se produjo el asesinato de Agostina. Una vez dentro de la casa, el acusado habría exhibido un arma, obligándola a desvestirse y posteriormente la habría inmovilizado.

La mujer consiguió escapar y salió a la calle en busca de ayuda. Vecinos de la zona, entre ellos comerciantes y transeúntes, intervinieron para asistirla y contenerla.

Pese a la gravedad de los hechos denunciados, Barrelier permaneció detenido apenas 20 días. El 26 de mayo de ese año recuperó la libertad bajo determinadas condiciones impuestas por la fiscalía. Desde entonces debía presentarse periódicamente ante la Justicia y continuó desempeñándose como empleado municipal.

Tras conocerse estos antecedentes, comenzaron a multiplicarse las preguntas sobre los criterios utilizados para concederle la libertad y sobre la evolución de aquella investigación.

Las críticas a la Justicia y el anuncio de De Loredo

En este contexto, Rodrigo de Loredo confirmó que avanzará con distintas iniciativas dirigidas a funcionarios judiciales y dirigentes políticos relacionados indirectamente con el caso.

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El dirigente radical sostuvo que impulsará un jury contra el fiscal Iván Rodríguez, quien intervino en la causa de 2025. Además, planteó que se analice el desempeño del fiscal Raúl Garzón, responsable de la investigación actual por el asesinato de Agostina.

A través de sus redes sociales, De Loredo expresó que solicitara que se examine el proceder de ambos funcionarios judiciales en relación con sus actuaciones. Al mismo tiempo, anunció que pedirá a los concejales de su espacio político que promuevan la expulsión de Ricardo Moreno del Concejo Deliberante.

La iniciativa surge luego de que trascendieran fotografías y registros públicos en los que Barrelier aparece participando de actividades políticas junto a Moreno y otros referentes vinculados al peronismo cordobés.

Militancia política, empleo municipal y una investigación que sigue abierta

Otro de los aspectos que alimentó la polémica tiene que ver con la actividad política desarrollada por Barrelier antes de su detención.

El acusado trabajaba en el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba y mantenía una participación activa dentro de las 62 Organizaciones Peronistas, agrupación conducida por Ricardo Moreno.

Diversas imágenes difundidas en redes sociales lo muestran en reuniones, actos partidarios y encuentros de militancia junto a dirigentes del espacio. Distintas versiones sostienen que su ingreso al municipio se produjo mediante una beca vinculada a esos contactos políticos, aunque ese aspecto todavía forma parte del debate público y político generado tras el crimen.

Por otra parte, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se refirió a la situación y señaló que corresponde a la Justicia evaluar la actuación de los fiscales involucrados en las causas. También indicó que el expediente iniciado en 2025 ya fue incorporado a la investigación actual para analizar posibles conexiones con el femicidio.